Por: Editorial El Comercio
El Comercio, 9 de junio de 2018
El Comercio, 9 de junio de 2018
La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del proyecto minero Toromocho de la empresa Chinalco. La buena noticia nació, sin embargo, ya empañada por la amenaza de un paro contra el proyecto programado para esta semana. Aunque este fue finalmente suspendido tras un acuerdo entre las partes, queda el sinsabor de una historia ya conocida: son muchos los proyectos mineros claves para el desarrollo del país que se han visto paralizados por protestas.
La ampliación de Toromocho –uno de los principales proyectos de cobre del país, cuya inversión inicial en el 2013 fue de US$3.500 millones– significaría una inversión adicional de US$1.355 millones, lo que se traducirá en 9.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y en un incremento de su producción de cobre de 117.000 a 170.000 toneladas métricas diarias. Este efecto positivo para el país explica lo que estaba en riesgo cuando el 21 de mayo, alrededor de 250 habitantes de Morococha –donde se encuentra el proyecto minero en cuestión– marcharon hasta el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima para protestar contra la reubicación pendiente de alrededor de 60 familias que todavía viven en el área de operación del proyecto, y anunciaron un paro para el 7 de junio.
Afortunadamente, este fue suspendido luego de una gestión del Minem, a través de su Dirección de Gestión Social, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, que lograron que la empresa y los habitantes de la zona acordaran la reanudación de las sesiones de la mesa de diálogo para el reasentamiento del distrito. Se estableció además que el Fondo Social Toromocho, de Chinalco, permita la adquisición de un terreno de máximo 34 hectáreas para el desarrollo de proyectos productivos, y que Chinalco seguirá comprando los predios de las familias que aún no abandonan el área del proyecto.
Los ciudadanos tienen el innegable derecho de hacer escuchar sus preocupaciones y quejas. Tienen también el derecho de exigirle al Estado que haga valer todas las protecciones ambientales que la ley establece. Las empresas, a su vez, deben respetar las normas e informar a la población de sus operaciones. El riesgo, sin embargo, es que sectores opuestos a la industria minera encuentren en preocupaciones válidas terreno fértil para sus intereses. Recordemos, si no, proyectos emblemáticos que fueron paralizados por estos agentes. Ahí está, por ejemplo, el caso de Conga, bloqueado bajo el liderazgo del gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos a pesar de tener los permisos ambientales necesarios. O Tía María, en Arequipa, donde sin sólidos argumentos se logró detener el proyecto.
La consecuencia de las protestas a raíz de obstáculos injustificados a los proyectos mineros son, por supuesto, inaceptables muertos y heridos, y enormes pérdidas económicas para el país. Los paros de Conga y Tía María, por ejemplo, dejaron diez muertos y pérdidas de una inversión total de US$6.200 millones.
La importancia del sector minería e hidrocarburos para la economía del país es difícil de exagerar. Según el informe técnico de la producción nacional del INEI, de marzo de este año, es el segundo en materia de aportación al PBI (14,36%); solo superado por el de manufactura (16,52%). De acuerdo con esa misma institución, por otra parte, la minería es responsable del 61,65% del total de productos que exportamos. Además, su aporte a la recaudación del Impuesto a la Renta en los últimos 10 años ha sido del 48% (aproximadamente US$41.000 millones), según señaló en abril del 2017 la revista “Desde Adentro”, que publica la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Es delicado el reto que enfrenta la administración encabezada por el presidente Vizcarra de conseguir que la ampliación del proyecto Toromocho se cumpla, pues supone una lidia en la que se combine el diálogo con la imposición de la autoridad. Y no es el único proyecto minero que le significará un desafío similar –en el que, valgan verdades, capitularon Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y en el que la nueva conformación del Ejecutivo no se ha distinguido–. Aquí se verá su temple para preservar las negociaciones y los acuerdos con sectores que en más de una ocasión han logrado paralizar lo que el Estado ha intentado sacar adelante. Es el momento para que, sin excesos ni retrocesos, el Gobierno se mantenga firme.
