Por Eduardo Ferreyros
(Perú 21, 28 de Abril de 2015)
En 1984 se descubre el gas de Camisea. Veinte años después, se inicia su explotación. El proyecto Camisea viene invirtiendo cerca de US$4,000 millones en su implementación, con US$500 millones más por venir; y US$10,000 millones más se han invertido en desarrollar industrias conexas, como la termoeléctrica, distribución y transporte. ¿Quién se hace responsable de esos 20 años de retraso? Evidentemente, nadie.
En su momento, la izquierda peruana se encargó de oponerse drásticamente al proyecto y logró su cometido por 20 años. Utilizando arengas como “Proyectos entreguistas que son un atentado contra el interés nacional” lograron atemorizar a los gobiernos de turno y, así, casi una generación no pudo aprovechar un gran proyecto que ha cambiado la matriz energética del país y que, principalmente, ha traído beneficios a todos los peruanos en general y a la población cusqueña en particular.
El proyecto Tía María cumple con todos los requisitos y estándares exigidos por la ley, inclusive superiores a los que exige la norma peruana. Igual fue el proyecto Conga. Sin embargo, estos proyectos no serán desarrollados en su oportunidad, porque mientras los antimineros hacen su trabajo y se dedican solo a ello, nadie parece saber cómo enfrentarlos. El Estado debe de hacer cumplir la ley y no bajar la cabeza ante los que lucran económica y políticamente del caos y el empobrecimiento. El lema utilizado “No a la minería” debe ser derrotado con la razón y la ley.
Hoy, felices, estos dirigentes antimineros bailan frente al fracaso de Conga y esperan la estocada final al proyecto Tía María y de esa manera seguirán boicoteando otros emprendimientos mineros que están en su agenda. Mientras tanto, la minería informal continúa avanzando, contaminando y enriqueciendo a unos cuantos, lo que poco o nada les importa, puesto que parecería que ahí no hay financiamiento para sus operaciones.
