Por: Diego Macera Poli, gerente general del IPE
IPE
Imaginemos, por puro ejercicio especulativo, que un buen día los congresistas y el presidente sufren un sigiloso ataque conjunto y amanecen con ideas absolutamente afiebradas sobre cómo llevar adelante el país. De pronto, proponen reformas que han demostrado pésimos resultados, que exceden sus competencias, y que subvierten bases elementales del desarrollo del Perú. ¿Qué se puede hacer? El futuro de los países depende de que sus autoridades elegidas se comporten de manera responsable. ¿Qué pasa si no lo hacen?
Ninguna democracia confía todo el poder a sus autoridades elegidas directamente. El riesgo de que estas puedan excederse en sus atribuciones y actuar de manera irresponsable es muy grande. El delicado arreglo institucional demanda que quienes ostentan cuotas de poder político no solo se puedan fiscalizar mutuamente, sino que existan también otras organizaciones que ayuden a moldear –y en ocasiones limitar– el rango de acción político. Algunas de estas instituciones pararrayos, sin embargo, han sido debilitadas en los últimos años o están también expuestas a la captura o influencia de la política.
El primer grupo de contención lo forman las otras instituciones estatales con poder y autonomía. Destacan entre ellas el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC), y el Banco Central de Reserva (BCRP). De hecho, es un grave síntoma de deterioro institucional el que, en meses recientes, se haya tenido que recurrir a estas dos últimas entidades –casi en un rol de arquero– para evitar estragos mayores causados por iniciativas legislativas descaminadas. No debe ser normalizada la actitud de algunos legisladores que impulsan proyectos de ley a sabiendas de su inconstitucionalidad, o esperando que el BCRP pueda intervenir luego de aprobada la ley para arreglar parte del zafarrancho ocasionado. Las salvaguardas institucionales no van a funcionar siempre, y no existen para ser testeadas de esa manera. Al mismo tiempo, especial atención debe ser puesta sobre la futura elección de los miembros del TC.
El segundo dique lo conforma la prensa independiente. Periodistas acuciosos, medios con la capacidad de llegar a buena parte de la población, y análisis objetivo –pero a la vez diverso y de buena fe– son fuentes elementales de control del poder político. Este dique se raja cuando la prensa se divide entre los que tienen una relación demasiado estrecha con el poder político, o con parte de él, y los que se declaran sus enemigos incondicionales. Las redes sociales merecen aquí una mención especial: no solo han contribuido a este proceso de polarización, sino que también han hecho más difícil distinguir el contenido veraz –trabajado por periodistas profesionales y filtrado por editores– del contenido manipulado con fines políticos. Ello sin mencionar el golpe económico que el giro hacia lo digital ha supuesto para muchos medios. La explosión de las comunicaciones instantáneas tiene enormes ventajas, pero también es un reto mayúsculo para el periodismo tradicional y su relación con el poder.
En tercer lugar, los partidos políticos deben funcionar también como un amortiguador. Su rol, de hecho, es doble. Su primera responsabilidad es filtrar a las personas idóneas para ocupar los cargos de elección popular. Y, una vez en el poder, deben dar contenido y consistencia programática a los líderes que ayudaron a encumbrar. La debilidad institucional peruana aquí es patente. El reciente espectáculo del mercado de “candidatos” presidenciales en búsqueda de partido que los cobije, y viceversa, es un síntoma del colapso de este dique institucional.
No son solo los organismos autónomos, la prensa y los partidos. El sector privado organizado, la academia, la burocracia estatal, entre otros, pueden y deben fungir también de amortiguadores institucionales. El poder político no es absoluto y puede ser retado cuando desborda sus competencias. La pregunta es quiénes estarán ahí cuando los políticos quieran llevar a la práctica las ideas afiebradas con las que ese día amanecieron.
