Por: Diego Macera
El Comercio, 12 de marzo de 2020
La sabiduría popular y el sentido común dictan que, en circunstancias normales, destruir es más fácil que construir. Eso puede ser cierto, pero quizá en el nuevo Congreso, que iniciará sesiones pronto, se le puede dar un giro positivo a impulsos demoledores.
Analistas políticos y exparlamentarios han afirmado que, en apenas 16 meses de operación, los congresistas difícilmente tendrán tiempo para entender el funcionamiento del Legislativo, aprender a navegar el arte de la política del hemiciclo, poner proyectos valiosos en mesa de partes y encontrar consensos que los hagan viables. Además, quizá con la excepción de la reforma política de cara a las elecciones del 2021, existe de plano poco acuerdo sobre los asuntos urgentes por reformar. Si a ello se le suma un Congreso fragmentado, con bancadas que posiblemente continuarán su subdivisión interna en los siguientes meses, el panorama es poco prometedor.
Para construir bien –digamos, una reforma seria de la inversión pública, del servicio civil o del sistema de salud– se requieren tiempo, expertos y planes consensuados: el Legislativo que inicia no dispone de nada de eso. Ni siquiera del apoyo ciudadano suficiente para sacar adelante asuntos espinosos, como el laboral. Esto no quiere decir que no se deba hacer todo lo posible para impulsar una legislación adecuada y necesaria –hay mucho espacio para eso en campos como infraestructura, por ejemplo–, pero sí que no se deben esperar grandes cambios de este Congreso; y quizá eso sea para mejor.
Pero si desde la construcción legislativa las herramientas son insuficientes, en la eliminación de legislación innecesaria, costosa o absurda puede haber una contribución no menor. Existe la errada noción de que el mejor congresista es aquel que logra presentar y aprobar la mayor cantidad de leyes. Eso será cierto solo en la medida en que los proyectos de ley aprobados sean positivos. Leyes malas o que sobrecargan al ciudadano y las empresas, de las que hay muchas, no deben contar a favor de nadie. La inflación legislativa es un problema serio. Aplica aquí otro refrán popular: “Mucho ayuda el que no estorba”.
El último esfuerzo serio que se emprendió en este sentido fue la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo, del 2009. Su tarea era “revisar todo el universo que conforma el Sistema Normativo Peruano para luego separar todo aquello que resulta inútil, inaplicable u obsoleto”. Naturalmente, esta era una carrera de largo aliento y que de manera prematura quedó trunca.
Dadas las limitaciones mencionadas, este Congreso podría ser menos ambicioso, enforcarse en pocos asuntos específicos, y sentar las bases mínimas para que el trabajo sistemático continúe del 2021 en adelante. Por ejemplo, el Compendio de Normas Laborales del Régimen Privado, actualizado a diciembre del 2018, incluía 673 páginas con más de 100 normas –entre leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, y resoluciones ministeriales–, algunas obsoletas con más de 50 años de vigencia. Contando disposiciones de menor rango, se puede llegar a casi 2.500 páginas que vigilan todo: vacaciones, despidos, contrataciones, lugar de trabajo, prestaciones alimentarias, créditos laborales, etc.
En el sector tributario, estimados preliminares ponen a toda la normativa vinculada al pago de impuestos en aproximadamente 10.000 páginas, muchas de ellas contradictorias una con otra. Un empresario tendría que invertir casi dos meses leyendo –ocho horas al día, de lunes a viernes– para tener el mapa completo.
A saber, derogar legislación no es tampoco tarea simple. Debe avanzarse con prudencia y responsabilidad. Pero también es cierto que en las últimas décadas el celo regulatorio ha ido copando nuevos espacios y ello demanda acciones más decisivas de las que se han visto hasta hoy. No se puede simplificar derogando solo el artículo tal, inciso cual, acápite X, o eliminando las fotocopias –como en algún momento intentó el Ejecutivo–; en algunos casos se debe empezar a legislar con hacha.
