Por: Diego Macera
El Comercio, 23 de abril de 2020
Sin duda el episodio más traumático de la etapa republicana del Perú fue la Guerra del Pacífico. Desde un punto de vista político, humano, económico y hasta de idiosincrasia nacional no hay nada que se le acerque. En cuanto a la producción nacional, esta se redujo a la mitad entre 1878 y 1883. La construcción y la minería cayeron en casi 90% en ese período. La velocidad de la devastación del aparato productivo no tuvo precedentes ni sucedáneos en la historia peruana. Al país le tomó dos décadas y media recuperar los niveles de producción anteriores a la guerra, pero otras heridas tomaron aún más tiempo en cicatrizar.
En su peor versión, hoy el país enfrenta una crisis que amenaza disputarles a la etapa más dura del primer período del presidente García (1987 a 1990) y a la Gran Depresión (1929 a 1932) el segundo o tercer lugar de gravedad, respectivamente, en la historia económica nacional. Los más recientes estimados para el Perú del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan una reducción del PBI de este año de -4,5% y un rebote de 5,2% el siguiente, pero el escenario es aún sumamente incierto y podría girar para peor –mucho peor– en función de las características del virus y de lo que hagamos para controlarlo. No hay mucho espacio para errores. Lo que está en juego es todo.
Pero la crisis, como toda crisis por más grave que esta sea, pasará. ¿Qué país tendremos entonces? Desde la esfera internacional, depende de la velocidad con la que se avance en los protocolos de salud y en la disponibilidad de pruebas confiables, en un tratamiento efectivo y, sobre todo, en una vacuna. Desde la esfera local, depende de las políticas que tengamos en lo inmediato para enfrentar la emergencia, y también de las que se apliquen para el período de reactivación.
Este último punto no es menor. Algunos frentes políticos aprovecharán la crisis para intentar desmantelar la frágil institucionalidad económica que se ha logrado construir en los últimos 25 años. Negligencias escandalosas en sectores como salud o pensiones –que son principalmente responsabilidad del Estado– serán atribuidas al sistema de libertad económica y emprendimiento. Remedios cortoplacistas, populistas e insostenibles serán puestos sobre la mesa. Y no faltará quien esté tentado a hacer permanentes algunas medidas de emergencia temporales –como los subsidios a la planilla, los bonos para millones de hogares, o la suspensión del cobro de ciertos servicios básicos–.
Si el Perú tiene hoy el arsenal macroeconómico que se dispone a desplegar, es precisamente porque, a diferencia de otros países de la región, no cayó en varias de estas trampas. Lamentablemente, el Congreso actual ha demostrado ya que no ofrece mayores garantías al respecto. Sus votaciones sobre la suspensión de peajes y devolución de parte del fondo de las AFP podrían ser solo el principio. Y el Ejecutivo, aunque más responsable, cuando es puesto contra las cuerdas de la opinión pública suele decantarse por la alternativa menos impopular como acto reflejo.
Lo más preocupante, por supuesto, es que estas decisiones deberán tomarse en un contexto electoral que se acerca rápidamente. La actual crisis puede durar algunos meses o, en los peores escenarios, hasta la segunda mitad del próximo año; una mala elección en el 2021 puede costarnos muchísimo más tiempo.
Los quince años posteriores a la Guerra del Pacífico, que culminaron con la revolución civil de Nicolás de Piérola de 1894, fueron de alta inestabilidad. En la década posterior a 1884 el crecimiento acumulado del PBI fue prácticamente nulo. ¿Cuánto tiempo nos tomará recuperarnos esta vez? La respuesta está más en nuestro propio sistema político y económico que en el virus.
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