En los últimos días, el Perú ha perdido a dos extraordinarios empresarios. Carlos González Henríquez y Julio Favre fueron emblemáticos en la lucha contra el terrorismo. Fueron ciudadanos dignos que pusieron el pecho y el alma cuando el Estado les falló a ellos y a los suyos. Su tesón por hacer empresa y seguir creando empleo a pesar de la violencia los sobrevivirá.
Carlos González enfrentó al MRTA en la selva de San Martín, se quedó en medio de la zona roja decretada por los secuestradores aleccionados por Polay Campos y Cerpa Cartolini, y luchó hasta evitar que esa tierra maravillosa, a la que bautizó como Puerto Palmeras, se convirtiera en el territorio liberado del vandalismo criminal.
Favre enfrentó a Sendero Luminoso, en Lima, con el rostro descubierto. Sin miedo, defendió su vida y la de los trabajadores de su fábrica que los senderistas amenazaban con matar o dejar en la calle, cada Héroes y villanas vez que atacaban sus instalaciones en Huaral. Organizó al equipo que le brindaba seguridad a su empresa para defender su propiedad y repeler al terrorismo. Y lo hizo con éxito.
No faltaron los infelices que quisieron relacionarlo con el grupo Colina, porque en un momento de la guerra alojó al Ejército en su granja. Pero eso solo nos permitió apreciar quién estaba del lado de quién a la hora de la verdad. Los dos han fallecido y no hemos visto ni desde el Estado, ni desde las FF.AA., ni desde sus propios gremios, un homenaje digno de la talla de estos empresarios ejemplares.
Pero lo que sí estamos viendo, con indignación y asombro, es cómo la denuncia fiscal por los delitos de narcotráfico y terrorismo contra las dirigentes del Partido Nacionalista Nancy Obregón y Elsa Malpartida ocurre en medio de la más inverosímil discreción. Como si se tratara de delitos menores, las autoridades evitan el tema y nadie conoce, oficialmente, el texto y las pruebas que fundamentan tal acusación.
En otras ocasiones, cuando cae un narcotraficante poderoso o una banda criminal, agentes del gobierno entregan a la prensa hasta el mínimo detalle. Ahora, la policía y la fiscalía se mueren de miedo de que se filtre alguna información.
Esta distorsión, que el presidente Humala y su partido fuerzan, es gravísima. Por un lado pervierte la política en el extremo; ellos han permitido que el narcotráfico acceda a la representación nacional y no han tenido la hidalguía de pedirle disculpas al pueblo. Por otro, pervierte, aun más, la administración de la justicia en el país, impregna al Estado y la ciudadanía de blandura frente a los peores crímenes de estos tiempos. Soslayar la culpabilidad de Obregón y Malpartida en su condición de cocaleras y su militancia chavista no tiene perdón. Esa otra mirada alcanza a los Quispe Palomino, a los asesinos que custodian y facilitan el traslado de la droga en el Vizcatán. Y ese terrorismo, con el que las nacionalistas han pactado –primero con ‘Artemio’ y luego con ‘José’– para hacer más efectivo su negocio, no puede ser menos malo que el que asesinó en Soras, en Lucanamarca o en Tarata. El fiscal ha pedido que Elsa Malpartida enfrente su proceso en libertad. ¡Qué desfachatez! Facundo Chinguel, acusado de recibir coimas de varios presidiarios, enfrenta su proceso en prisión. En ambos casos se los acusa de crímenes en los que involucraron al Estado. ¡Qué corona tiene Malpartida!
Publicado por El Comercio, 31 de julio del 2013
