A mediados del siglo XX, los agricultores de Ilo en Moquegua y del valle del Tambo en Arequipa enjuiciaron a la Southern Perú Cooper Corporation, entonces de capitales norteamericanos, porque los humos de su fundición en Ilo habían afectado, severamente, sus sembríos y sus tierras.
Los de Ilo ganaron, pero los del Tambo no; y ahí nació el encono que ha heredado la Southern, ahora de capitales mexicanos, que en estos días, intenta, sin éxito, iniciar la construcción del proyecto Tía María en el corazón del Tambo.
Los agricultores arequipeños no quieren aceptar que, sesenta años después, la Southern mexicana ha resuelto los temas de contaminación en sus áreas aledañas, y que plantea, basada en tecnologías modernas, soluciones para orientar las aguas del Tambo, represarlas y desalinizarlas.
Tampoco quieren ver el beneficio de la carretera Costanera, ahora en construcción, que los unirá con Tacna y Moquegua y que se hace factible al ampliarse el radio de influencia de la minera, facilitando la futura industrialización del gas que llegará con el gasoducto de Camisea.
Su resquemor los une a los antimineros de Patria Roja y Tierra y Libertad y les quita oportunidad a los pobladores pobres del valle, que sin la minería solo pueden aspirar a un salario de jornalero.
A pesar de los conflictos con los agricultores, de las huelgas de los obreros que llegaban marchando hasta Tacna por reivindicaciones, la influencia de la Southern ha sido muy positiva en el sur de nuestro país. Tacna y Moquegua son las regiones con más altos índices de crecimiento, entre ellos el de educación. Y eso no solo se debe a la buena aplicación del canon minero que hizo la última gestión de Martín Vizcarra; se debe, sobre todo, a los más de 50 años de trabajo que tacneños y moqueguanos supieron aprovechar, que subieron sus niveles de vida y que les permitieron ahorrar para invertir en la educación de sus hijos.
El último fin de semana, una buena parte de la población de Mollendo, la capital de la provincia de Islay, donde se ubica el valle del Tambo, marchó en contra del paro que los antimineros han iniciado este lunes.
Conocen a los dirigentes: Pepe Julio Gutiérrez del partido del cura Arana y los alcaldes de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, y de Islay, Richard Ale Cruz, integrantes del Comité Regional Horacio Zevallos, una célula del MAS de Gregorio Santos, es decir, de Patria Roja.
Saben que no participaron en el diálogo convocado el viernes por los ministros de Agricultura, Ambiente y Energía y Minas, que viajaron para tratar los problemas del valle. El argumento para no asistir reveló sus verdaderas intenciones: no vamos porque el diálogo tiene como objetivo impedir el paro.
La población de Mollendo ya se ha movilizado, le toca al gobierno retomar la iniciativa, dar un paso adelante y proponer al Congreso cambiar la ley del canon minero para destinarlo, únicamente, a la educación. Les corresponde a los políticos democráticos aislar a los dirigentes antimineros y a Patria Roja de la población que, luego de superar la pobreza, tiene como primer objetivo mejorar la educación y el futuro de sus hijos.
