Un correo electrónico y una llamada telefónica a autoridades sobre trámites dilatados fueron objeto de muchos comentarios basados en un relato de la periodista Milagros Salazar.
Soy abogada y he trabajado la mayor parte de mi vida en el Estado. Entiendo la «tramitología» y la forma de pensar de las autoridades. Las conozco y por ello la familiaridad. En el Estado, la gente se recicla, son servidores públicos no importa en qué entidad trabajen.
En el ejercicio de la profesión, los abogados «abogamos» por los intereses de nuestros clientes, y por ello la Ley de Gestión de Intereses, o Ley de Lobby, señala que «no se considera gestión de intereses el libre ejercicio de la defensa legal y de la asesoría dentro de la ley». Por tanto, los actos de un abogado no son gestión.
El correo al ministro Von Hesse y la llamada al secretario Dumler, en el relato de Salazar, me imputan entre líneas, y con medias verdades, conductas incorrectas, importantes de aclarar.
En correo electrónico al ministro Von Hesse, solicité me señale si para expedir un permiso de uso de agua de mar se requería algún documento legal adicional, pues habían pasado 9 meses y se había cumplido satisfactoriamente con la normativa y excedido el plazo legal de 30 días. Al día siguiente de la consulta se expidió la resolución. ¿Significa esto, como titula Salazar, «trámite en un día»? No. Significa que el permiso estaba listo para ser expedido. ¡El trámite tomó 271 días!
Para obtener permiso de funcionamiento para una planta pesquera de consumo humano, solicité una reunión entre los técnicos de la empresa y los de la ANA encargados del Estudio de Impacto Ambiental. Los técnicos se juntaron sin mí y lo agradecí en un correo. El EIA tomó 15 meses en aprobarse, habiéndose levantado todas las observaciones. Salazar señala que la aprobación fue posible porque la funcionaria que veía el expediente fue retirada del cargo, insinuando que se necesitó otra persona para resolver. Hoy ella sigue trabajando en la ANA.
Los ciudadanos tenemos derecho a solicitar citas, permisos, y expresar dificultades. Los funcionarios tienen que escucharnos y solucionar nuestros problemas legalmente.
Pero el Estado puede ser un problema. Recordemos a Toledo criticar al SNIP por entrampar proyectos; García reduciendo plazos para obras y Humala creando la unidad del destrabe de inversiones. El Perú ha crecido y sus proyectos son cada vez más complejos.
Del otro lado, las instituciones pueden tener poco personal e infraestructura para resolver y los expedientes se acumulan. Von Hesse señaló que en la ANA había 400 expedientes embalsados por millones de dólares de inversión y que su tarea era resolverlos, sin indicar cómo.
¿Tengo derecho yo o cualquier otro ciudadano a escribirle un correo al ministro Von Hesse? ¿Tengo derecho yo o cualquier otro ciudadano a llamar al Sr. Dumler solicitando una cita? Sí. Hoy los medios de comunicación usuales son el correo y el teléfono. Tal como demuestran mis comunicaciones privadas difundidas por Salazar, el pedido fue resolver, dado que los plazos legales estaban vencidos en exceso.
En el Perú, el lobby o gestión de intereses está mal visto, pues subyace la idea de dinero bajo la mesa o alguna prebenda. Pero la gestión es el derecho de dirigirse a una autoridad para influir en una decisión pública. A diferencia de ello, solicitar se resuelva un caso con plazo vencido o pedir una cita solo busca celeridad.
La Ley de Gestión de Intereses no se aplica regularmente porque probablemente no refleja la realidad peruana. Hay que volver a regular la gestión y explicarla para que el lobby no se entienda como delito sino como la interacción de los sectores público y privado en el ejercicio regular de derechos. Ojalá se logre.
