Carlos Gallardo Torres, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Gestión, 25 de febrero del 2025
¿Será que un anuncio de Estados Unidos al Perú de elevarle los aranceles es lo que el Ejecutivo y el Congreso peruano necesitan para trabajar seriamente en combatirlas? Aquí algunas ideas.
En el pasado los países grandes como Estados Unidos han usado la política comercial para la consecución de objetivos de políticas públicas. Esto no es algo nuevo ni ajeno al Perú. Lo que es distinto esta vez es que lo que pueda ocurrir ahora sea un anuncio de alza de aranceles en lugar de una reducción.
Así, desde los noventa, el Perú formó parte de dos tratamientos preferenciales, primero del ATPA y luego del ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), que fue el mecanismo usado por Estados Unidos para conceder a los países andinos, incluido nuestro país, acceso libre de aranceles para una diversidad de bienes a cambio de que fortalezcan su lucha contra el narcotráfico. Luego, fue reemplazado por el Tratado de Libre Comercio, hoy vigente. Con los promedios arancelarios más bajos hoy que hace 30 años, es evidente -como lo hemos visto en lo ocurrido entre Estados Unidos, Colombia, México y Canadá que los objetivos de políticas públicas de Estados Unidos se buscarán más por subidas que por bajadas de aranceles. Esta estrategia es más rápida también, en lugar de buscar tratados comerciales que toman más tiempo.
Estados Unidos se muestra preocupado por su seguridad nacional en términos de narcotráfico y crimen organizado, problemas que se han agravado en el Perú. ¿Será que un anur anuncio de Estados Unidos al Perú de elevarle los aranceles es lo que el Ejecutivo y el Congreso peruano necesitan para trabajar seriamente en combatir a las economías ilegales y la inseguridad? Las cifras son aterradoras:
NARCOTRÁFICO
El nivel de cultivos ilícitos de hoja de coca supera las 90 mil toneladas, un retroceso de 28 años, y más del doble que hace una década (40 mil toneladas). Hay además una reducción del 25% en términos reales entre el 2019 y el 2024 del presupuesto de los programas para la reducción del tráfico ilícito de drogas y de gestión integrada y efectiva del control de drogas. Esto explica por qué los niveles anuales de cultivos erradicados son 30% menores que hace una década.
MINERÍA ILEGAL
Algo peor ocurre en la minería ilegal: 46% de crecimiento en el valor exportado de oro ilegal solo en el último año, superando los US$ 7,000 millones. Una reducción de 34% en términos reales entre el 2019 y el 2024 del presupuesto del programa para la reducción de la minería ilegal, además de las sucesivas ampliaciones del fracasado Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo. Y ante la vista de todos, en Madre de Dios el consumo de combustibles per cápita es cinco veces mayor al de las otras regiones amazónicas. Paradójicamente, se elevan los niveles de deforestación y delincuencia, pero según las estimaciones oficiales la extracción de oro en esa región registra una caída continua y es 17 veces menor que en el 2016. Y en el norte, en Pataz, al menos 16 torres eléctricas han quedado inhabilitadas donde la minería formal debe resistir la violencia de los mineros ilegales.
INSEGURIDAD
El presupuesto del Ministerio del Interior se redujo 18% en términos reales entre el 2019 y el 2025, mientras el número de las denuncias por extorsión hechas a la Policía se multiplicaron por seis. Y en las cárceles, donde las organizaciones criminales continúan operando, hay una sobrepoblación de más de 57 mil reclusos. En suma, recientemente el BCR estimó que las pérdidas generadas por la criminalidad representan el 2.8% del PBI.
¿Cómo cambiar esta situación? Aquí algunas ideas:
1. Necesitamos que las instituciones interoperen. Un sistema nacional de interoperabilidad, que garantice la integración de bases de datos y el acceso inmediato a información clave para la prevención y persecución del delito. Debe incluir, al menos, a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, Migraciones, Reniec, Sunarp y municipalidades.
2. Necesitamos más policías: la formación en Perú toma cinco años, significativamente más que en Chile (dos años) y en México (hasta un año). Se requieren programas de formación más cortos, complementados con capacitación continua en el servicio. Además, debemos retirarlos de las labores administrativas y del control del tránsito vehicular.
3. Necesitamos más infraestructura y equipos: es necesario canalizar más inversión privada a través de obras por impuestos y asociaciones público-privadas para modernizar comisarías y crear más unidades de flagrancia, construir y gestionar cárceles, y dotar de equipos a la Policía. Podemos incluso agruparlas, similar a lo hecho con 75 escuelas bajo el formato de Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), cuyo diseño y construcción vienen desarrollándose bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno. Si el principal problema es el saneamiento de los terrenos de las comisarías, mudémoslas, hay terrenos estatales disponibles.
Un cambio de ministro del Interior, por más deficiente que es su gestión, servirá de muy poco sin un liderazgo del Ejecutivo y del Congreso. Más aun cuando lo que se debate es una agenda de proyectos normativos que debilita la lucha contra las economías ilegales y la inseguridad. Necesitamos acciones concretas. Declaraciones de emergencia y capturas de delincuentes solo para la foto, son solo reflejo de que no estamos tomando en serio la enorme tarea pendiente.
