Carlos Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la UPC
El Comercio, 13 de enero de 2017
En un artículo publicado en este Diario, el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, explicó el domingo pasado que los decretos emitidos al amparo de las facultades legislativas transformarían el Perú. Esta avalancha de decretos nos encaminaría a elevar el crecimiento económico, resolver los problemas de inseguridad ciudadana, combatir la corrupción burocrática, asegurar un acceso masivo al agua y saneamiento, y corregir las generalizadas trabas institucionales a los negocios e inversiones (la simplificación de trámites burocráticos).
En esa columna, Zavala sostiene que es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha abocado a resolver los problemas de la clase media y el pequeño emprendedor. Comprendámoslo: la efervescencia es previsible en quien tendrá que defender esta avalancha legislativa ante un socio involuntario y mediáticamente abrumado (el Congreso).
En estas líneas nos enfocaremos en el lado económico de ese alud de decretos. Pero no podemos anticipar lo que los últimos responsables de todo cambio legislativo modifiquen a discreción. Evidentemente, dada la cantidad de iniciativas presentadas (no pocas de ellas con enormes costos financieros), no es tarea fácil cumplir esta tarea minuciosamente.
Como es previsible, existen muchos aspectos positivos entre los 112 decretos presentados, así como también perlas que merecen un implacable filtro congresal. Nótese: el Parlamento es el responsable constitucional de legislar (de hecho, los elegimos y les pagamos para hacerlo con alguna pretensión de coherencia).
Pero insisto, el ejercicio de las facultades ha traído algunas luces que, hasta donde las hemos analizado (reglamentos pendientes), llegan a ser trascendentes. Destaca aquí lo que un editorial reciente de este Diario cataloga como “una gran oportunidad para recuperar la libertad”. Es decir, las reformas administrativas que alcanzan directa e indirectamente a todos a través del destrabe a la inversión y los negocios (procedimientos, TUPA y hasta cambios de mentalidades burocráticas).
De hecho, en una nación con nuestra calidad burocrática, apostar por la simplificación y el desmantelamiento de trabas es algo muy trascendente y –quizá– una poderosísima estrategia para combatir la corrupción y la ideologización de nuestro sector público. Lo de las lunas polarizadas, las copias simples, la rebaja mentirosa del IGV, los peliagudos descuentos en el Impuesto a la Renta de personas naturales y otras valiosas iniciativas de papel, suman y maquillan muy bien. Todo esto denota que, a la fecha, en el gobierno no son del todo neohumalistas flotantes como nos llegaron a parecer.
En cambio, si nos enfocamos en la necesidad de recuperar el tiempo perdido (al referirnos a los retrocesos económicos y la pérdida de momento como plaza emergente atribuible a los Humala y sus colaboradores), la avalancha de decretos tiene más sombras que luces. Se han omitido aspectos determinantes.
Si los decretos legislativos son todas las balas de la administración Kuczynski en estos aspectos –entusiasmos afuera–, seguiremos perdiendo el tiempo. No solo seguiremos flotando en medio de un festín de bonos soberanos y la amenaza latente de saquear los fondos previsionales privados (pensión mínima), o manteniendo acciones mediocres en la arena educativa, sino que no se atreven a depurar drástica y ejemplarmente los aparatos policial, judicial y fiscal degradados hasta la médula (como constatamos cotidianamente en cualquier noticiero).
Simplemente, es imposible consolidar una economía de mercado y con alto crecimiento (y reducción de pobreza) cuando la ley se incumple sistemáticamente, envueltos en relajamientos de la regla fiscal, manipulación cambiaria, mayores impuestos y bataholas interminables de desorden público y corrupción.
Podremos compararnos complacientemente con otros vecinos perdedores y felicitarnos febrilmente por aciertos parciales. Pero lo cierto es que crecemos, exportamos e invertimos bastante menos que antes. De hecho, nuestro crecimiento quinquenal del producto real por habitante y el ritmo de reducción de la incidencia de la pobreza se derrumbaron. Los aludidos indicadores se comprimieron a la mitad con Humala, en odiosa comparación a García.
Veo en este hiperpaquetazo normativo, además de la tácita connivencia del
Legislativo, otra vez esa fe ciega –e infundada– en que las leyes nuevas desarrollarán el país. No encuentro nada impopular, desperdiciando ese primer año en el que un gobierno nuevo puede atreverse (si tuviese alguna visión contagiosa).
Definitivamente, hasta ahora hay más sombras que luces. Pero me gustaría apostar por lo impredecible. Que el curtido financista que hoy nos gobierna –y sus socios involuntarios– redescubra que cerrar los ojos no va a dibujar nada parecido a un legado memorable.
