(El Comercio, 27 de mayo de 2015)
La semana pasada el Congreso, por mayoría, aprobó la eliminación de los descuentos a las gratificaciones –por concepto previsional, como las administradoras de fondo de pensiones (AFP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y los aportes obligatorios a Essalud– y la autorización de una mayor utilización de los ahorros por compensación por tiempo de servicios (CTS). Esta decisión ha levantado bastante polvo. Abundan quienes critican estas acciones con argumentos supuestamente técnicos. Pero las cosas, presentadas en la debida perspectiva, se aclaran.
Primera, tengamos en cuenta que se refiere a descuentos al trabajador: de su plata. Lo descontado a la planilla o a lo aportado a nombre de este no salen del aire, sino del asalariado.
Segunda, en el caso de la reducción de los descuentos previsionales, las iras santas resultan previsibles, pues tocan el bolsillo. Ellos hacen plata administrando nuestros ahorros y en el caso de la ONP, muchas veces, quedándose con ellos. Con la ONP, no olvidemos que la mitad de los que aportan no recibirán jubilación alguna. Serán silenciosa y vergonzantemente robados.
Para quienes ahorran en las AFP, tampoco hay razón para descontar más. Ya aportaron 12 meses. A quienes no nos parece bien recortar nuestras gratificaciones, no nos deberían obligar. Y quienes lo deseen, pueden perfectamente comprar aportes previsionales voluntarios, que han probado ser interesantemente rentables.
El descuento para Essalud, en cambio, es un monumento a la ideología. La burocracia estatal administra esta institución, la deteriora financieramente (a incumplir sistemáticamente con el pago de los aportes de sus trabajadores), la llena de paquetes de usuarios seudoaportantes y no falta el iluminado que se escandaliza porque los trabajadores en planilla –que no usan sus servicios y que ya son esquilmados 12 veces al año– quieran su plata de vuelta.
Si realmente les interesase la situación de Essalud, saneen la abultada deuda estatal y devuelvan la gestión a sus dueños (los trabajadores aportantes): no sin antes transferir al Ministerio de Salud la carga de los seudoaportantes. Como ocurrió con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), si lo deducido se usa para financiar un problema público, los aportes deben llamarse como lo que son: un impuesto dirigido para financiar una institución estatal de escasa eficiencia.
Respecto a la mayor utilización de las CTS, la idea también es positiva y simple. Significa autorizar que la gente use como le parezca una parte marginal de su plata. Para los trabajadores estatales, con el estropeado régimen Servir, devolverles parte de lo descontado es una posibilidad por lo menos empática.
No existen, así, argumentos de peso detrás de las críticas. Eso sí, el ruido propiciado nos distrae para no enfocarnos en el espinoso asunto de Martín Belaunde Lossio, en las oscuras inversiones estatales (la modernización de la refinería de Talara o el costosísimo edificio inteligente del Banco de la Nación) y en que el crecimiento anual pinta más oscuro que azul.
