Por: Camila Bozzo
Perú21, 20 de enero del 2022
“Sería lamentable que este tema nuevamente monopolice el debate público y que desvíe la atención de los asuntos que apremian. El gobierno debería estar centrado en gestionar el país…”.
El martes la Comisión de Constitución aprobó por insistencia el dictamen que fija límites para la convocatoria a referéndum (la autógrafa establece que en el caso de reformas constitucionales solo será viable un referéndum si ha sido previamente aprobado en el Congreso). En cualquier otra circunstancia este esfuerzo hubiera resultado ocioso porque para el marco normativo vigente (artículo 206 de la Constitución) es un imperativo ineludible que las reformas constitucionales sean aprobadas por el Parlamento (en dos legislaturas con el voto de dos tercios de los congresistas o, en su defecto, ratificación mediante referéndum). Sin embargo, con Perú Libre recorriendo el país para recolectar firmas para la convocatoria a una Constituyente, en clara contraposición a lo que establece la Constitución, la precisión resulta oportuna.
El riesgo es, sin embargo, que este gobierno que está demostrando tener una incapacidad superlativa para gestionar el país apele, como un subterfugio para redimirse ante la ciudadanía, a este hecho para enfrentarse a un Congreso deslegitimado (el 68% de la peruanos lo desaprueban) y que arrastra pasivos de sus antecesores obstruccionistas. Esta estrategia no funcionaría en Lima, donde ocho de cada 10 peruanos desaprueba al presidente Castillo, pero sí en provincias y en particular en el sur, en donde un 56% aún lo aprueba.
Sería lamentable que este tema nuevamente monopolice el debate público y que desvíe la atención de los asuntos que apremian. El gobierno debería estar centrado en gestionar el país con eficiencia y la ciudadanía en vigilar a una gestión que gobierna en las sombras, que viene debilitando nuestra ya precaria institucionalidad y que está involucrada, según indicios contundentes, en actos de corrupción.
