Berit Knudsen
Para Lampadia
Pasados tres años del Golpe de Estado de Vizcarra que llevó a la disolución del Congreso, la corrupción, delincuencia, crisis política y desempleo siguen siendo las principales preocupaciones de los peruanos. La crisis política se agrava, según las encuestas, como consecuencia de esa golpeada economía familiar y el desempleo, reduciendo la confianza en los políticos. La población se impacienta ante la ausencia de soluciones y un Congreso que demuestra lo mismo.
Las promesas de campaña resultaron un engaño y las acciones de Castillo superaron todo lo malo que imaginamos. La población sufre las carencias por el aumento de precios y ausencia reactivación económica; pero este régimen dilapida los fondos del tesoro público, utilizando nuestros recursos para fines personales. Las empresas buscan recuperarse de la caída del 2020, otras no lo lograron, pero es indignante que los impuestos pagados con el esfuerzo de ciudadanos y empresarios se vean dilapidados.
¿Qué sucede con el Congreso? Sólo el 7% aprueba su gestión y considera al parlamento la institución más corrupta del país. ¿Por qué?
Porque está atestado por personajes con antecedentes, muchos sin preparación; porque no toman acciones, ni en casos de violación; porque eligen en la mesa directiva personajes de baja catadura moral que resultan presos, no sancionan a esos “niños” que ya no sabemos cuántos son; pero, sobre todo, no escuchan la demanda del pueblo que exige inhabilitar a Dina Boluarte y vacar a Pedro Castillo, para impedir la arruina del país. El 72% de los peruanos desaprueba a Castillo, 24 millones que exigen al Congreso el cumplimiento de la “Voluntad Popular”. ¿Es tan difícil entender?
Mas allá del debate en el hemiciclo, la oposición tiene la obligación de lograr consenso y persuadir a quienes avalen a este nefasto régimen. Las pruebas sobran, se multiplican con escándalos por corrupción y abusos de poder de toda índole. Resulta tan difícil explicar a esos parlamentarios que tarde o temprano este régimen caerá y que los cómplices de la corrupción sufrirán las consecuencias. ¿O prefieren un nuevo cierre del Congreso? Los parlamentarios, corruptos incluidos, se deben al Pueblo y ese Pueblo exige justicia. La Fiscalía de la Nación, institución que da la talla, deberá cumplir su mandato sin piedad con los traidores a la patria.
Los peligros se acrecientan. La liberación de Antauro Humala, indigenista radical y asesino de policías, parece rendir frutos al desgobierno. El nuevo ministro de Defensa Daniel Barragán, cómplice de Humala, y al parecer el comandante General del Ejército, avanzan con la estrategia para copar a las FFAA, desestabilizando no solo a la institución; sino al país entero. Las amenazas de Antauro podrían desencadenar manifestaciones violentas que afectarían la tranquilidad y la vida de los peruanos. Pero Castillo juega con fuego con esas tácticas, no distingue entre el bien y el mal, eso podría jugarle en contra.
Antauro en sus campañas anuncia la pena de muerte para los corruptos, incluyendo a su hermano. Amenaza con cerrar el Congreso, fusilando a todo funcionario que defraude al Estado por más de mil soles. En ese escenario Castillo y el Congreso correrían un grave riesgo, además de dejar desprotegida a la población entera.
Los peruanos no pierden las esperanzas, siguen trabajando por el Perú. Por ello, los padres de la patria, presididos por Williams, tienen que buscar una estrategia de solución. Los votos quedarán registrados, sabremos quiénes alentaron la corrupción y quedará constancia de esa complicidad. Castillo no debería durar mucho y la Fiscalía lo tiene claro, pero aparecen nuevos peligros. El Pueblo exige hechos, no solo palabras. Lampadia
