Por: Augusto Álvarez Rodrich
La República, 13 de Abril del 2023
Correcciones indispensables en la lucha anticorrupción.
Ojalá que la corte superior de Lima haga valer la decisión de la fiscalía que ordenó el archivamiento definitivo de la investigación por lavado de activos al expresidente de Confiep Ricardo Briceño, pero que fue dejada de lado por el fiscal Domingo Pérez e ignorada por el juez Víctor Zúñiga, pues acá no solo está en juego la situación de este empresario, sino la posibilidad de enmendar abusos que se cometen contra muchos inocentes.
Una de las instituciones que más ilusión produjeron en el país por su potencial para luchar contra la corrupción es el ministerio público, pero el desempeño de algunas fiscalías ha generado frustración no solo por su lento avance, sino, peor aún, por la sensación creciente de los abusos que cometen.
La corrupción, qué duda cabe, es una lacra nacional muy grave que daña la calidad de vida de la población, y que no tiene excepción en el tiempo, tipo de gobierno —democrático o autoritario—, o el color político del régimen, la cual requiere ser enfrentada con una acción de la justicia que sea valiente, profesional, rigurosa y políticamente neutral.
Por ello, las fiscalías anticorrupción generaron mucha expectativa y respaldo entusiasta —como el de esta columna—, especialmente en los momentos en que fueron atacadas, como cuando el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry quiso destituir a sus responsables en el año nuevo de 2019.
Lamentablemente, esas fiscalías anticorrupción no han estado a la altura del desafío. Sus investigaciones avanzan con extrema lentitud y en el camino cometen —acaso para compensarlo— arbitrariedades que se expresan en incorporar cada vez a más personas en las investigaciones, como lanzando una red a ver qué chapan, pidiendo prisiones preventivas como condenas adelantadas que no llegan, y con acciones que afectan la percepción de que son políticamente neutrales.
En el camino, dañan honras, carreras profesionales y vidas, lo cual se favorece por la complicidad de un sector del periodismo que avala todo lo que hacen los fiscales —bueno o malo— por ideología o para obtener ‘primicias’.
El abuso contra Ricardo Briceño es uno de tantos en los que estas fiscalías actúan con arbitrariedad, lo cual solo desprestigia a la lucha anticorrupción.
