Anthony Laub
Perú21, 2 de setiembre del 2026
«Necesitamos un Estado capaz de hacer cumplir la ley, porque nuestros Far West ya existen: Pataz, Madre de Dios, la Rinconada. A diferencia de las películas, aquí los muertos son reales y los vemos en vivo y en directo»
El asesinato de cuatro personas y el secuestro de Jenns Lara en Trujillo confirman que la historia se repite. El caso revela un episodio más de violencia ligada a economías ilegales y expone una contradicción: mientras el país discute cómo limitar actividades formales que generan empleo e impuestos, mantiene mecanismos que permiten la continuidad de operaciones ilegales que alimentan violencia, contaminación y ausencia del Estado.
A mediados del siglo XIX, la Fiebre del Oro de California atrajo a cientos de miles de personas y generó un vacío institucional: zonas mineras aisladas, casi sin Estado, donde proliferaron robos, homicidios, trata de personas y devastación ambiental. Hasta que llegaron los sheriffs, los jueces, las cárceles y la ley, buena parte de California era tierra de nadie.
Algo similar ocurre hoy en el Perú con la minería ilegal, esa que algunos políticos pretenden disfrazarla como “minería informal” o “ancestral”.
El problema no es solo de seguridad. Se estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de alrededor de 140,000 hectáreas en la Amazonía y la contaminación de ríos y fuentes de agua.
Comparemos ello con la agroindustria: en unas dos décadas, ha convertido tierras eriazas y desérticas en áreas productivas, generando inversión, empleo y pago de impuestos. La diferencia es evidente: mientras una destruye bosques, contamina ríos y promueve el crimen; la agroindustria convierte tierras improductivas en superficies agrícolas altamente productivas, generando riqueza y recursos para el Estado.
Lo paradójico es que nuestros políticos parecen estar más preocupados por atacar un régimen legal que funciona, bajo el argumento de que paga menos impuestos que otras actividades, que por eliminar un régimen como el Reinfo, cuyo fracaso para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala es evidente.
Se cuestiona una actividad formal que genera inversión, empleo y divisas, pero se mantiene una puerta abierta que permite que la minería ilegal opere bajo el paraguas de una supuesta formalización. Se pretende desmantelar lo que funciona mientras se mantiene lo que no funciona.
El problema no es la minería. El problema es la ilegalidad.
La historia de California es una advertencia. Un boom extractivo sin instituciones fuertes termina creando su propio Far West. Hoy, no necesitamos esperar a que llegue un sheriff a caballo. Necesitamos un Estado capaz de hacer cumplir la ley, porque nuestros Far West ya existen: Pataz, Madre de Dios, la Rinconada. A diferencia de las películas, aquí los muertos son reales y los vemos en vivo y en directo.
