Existe coincidencia en un gran sector de la opinión pública que en nuestra administración pública falta capacidad de gestión. Se muestra como sustento la existencia de significativos recursos para inversión pública que no se ejecutan o se ejecutan sin la calidad suficiente, la abundancia de trámites, la falta de orientación a resultados, la demora, el clientelismo, la corrupción, entre otros aspectos.
La Ley del Servicio Civil nos da una extraordinaria oportunidad de instaurar gerencia pública en todo el Estado. Es la oportunidad de contar de manera generalizada con directivos públicos calificados que respondan a un perfil técnicamente definido, que tengan competencias directivas, que accedan a sus puestos por concursos meritocráticos y sean evaluados para definir su permanencia en base a sus resultados. ¿No es verdad que tendremos mejores bienes y servicios para los ciudadanos si contamos con directivos idóneos que si estos no son los adecuados?
Es clave, entonces, dotar a nuestro Estado de capacidad de gerencia. El concepto de gerencia alude a esa capacidad para liderar con creatividad y adaptación, las acciones de las organizaciones para lograr resultados relevantes. Es el acento en los resultados lo que precisamente distingue el paradigma burocrático del paradigma gerencial.
En el primero el énfasis se pone en los procedimientos, en el segundo en los resultados. Pero ¿es posible instalar gerencia en el Estado cuando esta presupone un margen de discrecionalidad e independencia? ¿No es acaso la tendencia incrementar las regulaciones y reducir discrecionalidad de funcionarios o directivos cada vez que se descubre un abuso de sus facultades? Desde hace varias décadas se impulsa a nivel global introducir dinámicas gerenciales en el Estado. La nueva gestión pública pretende ser la superación de modelos burocráticos, trascendiendo formalismos y procedimentalismos mediante varias iniciativas que han simplificado procesos, agilizado respuestas y mejorado la calidad de la atención al ciudadano. Existen también en el país buenas iniciativas al respecto aunque todavía no son la regla.
Pero gerencia pública y burocracia no son excluyentes, pues burocracia, en el buen sentido, implica cumplimiento de la legalidad, seguridad jurídica, meritocracia y ética. Si a estas garantías se le inyectara capacidad gerencial tendríamos la mejor respuesta. Particularmente una síntesis de gerencia y burocracia es necesaria en contextos como el de la administración pública peruana que, salvo excepciones, ha sido calificada por Manuel Villoria como preburocrática. También porque tampoco se trata de trasplantar de manera acrítica gerencia privada en el aparato público. Gestionar en el Estado no es lo mismo que gestionar en el sector privado, como lo hemos experimentado quienes proviniendo del sector privado hemos arribado a un espacio en el que predominan las restricciones y los recursos escasos.
Un adelanto de la reforma del segmento directivo en el Estado es el Cuerpo de Gerentes Públicos, integrado por más de 300 profesionales calificados, seleccionados por concursos meritocráticos, que es la avanzada de la reforma en la capa directiva. Y la Ley del Servicio Civil permitirá expandir gradualmente en seis años este modelo a los más de 20 mil directivos de los tres niveles de Gobierno.
