Por: Alfredo Torres, Analista político
El Comercio, 22 de julio de 2018
El Comercio, 22 de julio de 2018
“El pantano de la Magistratura no admite drenaje”, decía Manuel González Prada en su célebre ensayo “Nuestros magistrados”. El cáustico intelectual peruano falleció hace justo 100 años, un 22 de julio de 1918. Sus reflexiones nos recuerdan que el problema de la justicia en el Perú tiene larga data. En 1918 el Perú tenía menos de 5 millones de habitantes y la gran mayoría vivía en la pobreza. La esperanza de vida al nacer era de 30 años y el analfabetismo era 67%. Desde entonces, el Perú ha cambiado profundamente. Hoy la esperanza de vida es de 75 años, la tasa de analfabetismo bordea el 5% y el 80% de los peruanos ha salido de la pobreza.
Gran parte de este progreso económico y social se ha dado en los últimos 25 años. Y, sin embargo, las instituciones políticas y, en particular, el sistema de justicia, pareciera que están peor que nunca. Este deprimente contraste invita a buscar una relación y es lo que hace, con espíritu provocador, el politólogo Alberto Vergara Paniagua el domingo pasado en su artículo en El Comercio “¿Hortelanos o republicanos?”.
La tesis de Vergara es que en el Perú desde el 2000 solo hemos tenido dos proyectos políticos: el “republicanismo” que promovió Valentín Paniagua y el “hortelanismo” modernizador que encontró en Alan García su mejor expresión. Paniagua insistió en la necesidad de “reinstitucionalizar” el país y en la importancia del consenso. García en la necesidad de la gran inversión privada para generar riqueza y en vencer el escollo de los ciudadanos que se oponen a esa inversión: los “perros del hortelano”. Según Vergara, “el hortelanismo, con el apoyo entusiasta de nuestros líderes políticos, tecnocráticos, empresariales y opinantes, ofreció riqueza sin ley. Y eso logramos. Estamos cosechando lo que sembramos”.
Mi lectura de la historia de las últimas décadas es diferente. El Perú ha vivido varias batallas en paralelo. Para mencionar solo dos: la batalla económica que enfrentaba a la defensa del modelo liberal contra el populismo y la batalla institucional que enfrentaba a la defensa del modelo republicano contra la corrupción. En esas batallas, hubo más victorias que derrotas en la defensa de la economía de mercado –aunque el populismo sigue asechando– pero, lamentablemente, no ocurrió lo mismo con la defensa del modelo republicano: la corrupción siguió avanzando.
En esas batallas se alistaron muchos desde sus campos de especialidad. Más economistas y empresarios en la batalla económica; más juristas y científicos sociales en la batalla institucional. Los primeros fueron derrotados políticamente más de una vez, pero lograron recuperar posiciones. Los segundos, en cambio, celebraron algunas victorias electorales –muchos apoyaron a Toledo y a Humala– pero los proyectos para la reinstitucionalización que reclamaba Paniagua cayeron derrotados ante la infecciosa corrupción y la indolencia de los líderes políticos que los debieron llevar a la práctica.
Aunque sin duda existen empresarios y tecnócratas con una visión estrictamente “hortelana” para usar el concepto de Vergara, lo cierto es que también los hay con una visión más integral del desarrollo nacional. Por ejemplo, en el 2000 el Instituto Apoyo sacó ocho publicaciones bajo el título “Agenda para la primera década”, cuyos temas eran reforma del Estado, reforma política y modernización del Congreso, reforma del Poder Judicial, gobiernos locales, seguridad, salud y lucha contra la pobreza: cinco temas institucionales y tres de alto contenido social.
A su vez, en CADE, el foro empresarial más importante del país, los temas institucionales han estado siempre presentes. Incluso hubo un CADE, en el 2003, dedicado exclusivamente a la institucionalidad. Más recientemente, en el 2016 se creó CADE Mide, un monitor de indicadores diseñado para promover un enfoque integral del desarrollo y construido por eso sobre la base de tres pilares: social, institucional y económico. Algunos de los indicadores institucionales seleccionados fueron la posición del Perú en los ránkings internacionales de democracia, calidad de instituciones y corrupción.
No existe una dicotomía crecimiento económico vs. instituciones, como tampoco tiene sentido pensar en desarrollo económico sin progreso social. Se requieren los tres. De lo que se trata ahora es de poner el mayor énfasis en enfrentar la crisis institucional que ha estallado. Para tal propósito, no ayuda criticar a quienes han hecho un valioso trabajo en defensa del modelo que ha hecho posible el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Lo que se requiere ahora son más propuestas concretas de cómo sacar del pantano a nuestro sistema de justicia. Sería muy útil contar con el aporte de destacados politólogos, como Vergara, en esta difícil tarea.
