Por: Alfredo Thorne
El Comercio, 18 de agosto de 2019
El Comercio, 18 de agosto de 2019
La fuerte desaceleración de la economía confirmada por el crecimiento del PBI de 1,1% en el segundo trimestre del 2019 (el peor desempeño trimestral desde el 2009, cuando fuimos golpeados por la crisis financiera internacional) ha sorprendido. Muchos atribuyen este desempeño al enfrentamiento político, y no les falta razón: el mayor reductor del crecimiento ha sido la inversión pública, que después de crecer al 8% en el primer semestre del 2018, se contrajo 3,4% en el primer semestre de este año, según nuestros estimados. La sorpresa ha sido la baja ejecución, que promedia solo el 30% del presupuesto a finales de julio, y la reconstrucción (0,6%). Muchos atribuyen este desempeño al efecto de las elecciones regionales, pero el análisis en los tres niveles de gobierno –nacional, regional y local– no apoya esta conclusión. Solo los gobiernos regionales muestran una ejecución inferior (25%). Más aun, uno se pregunta: si el Gobierno sabía de este riesgo, ¿por qué reasignó, y casi duplicó, los recursos de los gobiernos subnacionales? Según nuestros cálculos, esta subejecución le ha sustraído alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento de la economía en el primer semestre del 2019.
En contraste, el gasto privado se mantuvo como el motor del crecimiento, un poco más el consumo, pero también la inversión que, aun en este entorno de enfrentamiento político, se mantuvo creciendo. La política monetaria expansiva y, sobre todo, los estímulos al crédito direccionados por la expansión del balance del Banco Central de Reserva (BCR) han servido para promover el consumo. De hecho, ha sido una gran sorpresa positiva que el consumo privado haya crecido, según nuestros cálculos, al 3,3% en el primer semestre del 2019, después de hacerlo a 4,1% en el mismo período del año anterior. De acuerdo con nuestras estimaciones, la inversión privada se desaceleró al 3,1% después de crecer al 7,3%, aunque no les faltaron razones. Este tipo de inversión es muy sensible al riesgo político y a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Pero la descomposición muestra un crecimiento de doble dígito en la inversión minera y una leve contracción en el resto.
Uno se pregunta: ¿y qué nos depara el futuro? En el 2009 salimos de la ‘minirrecesión’ con un programa de estímulo monetario y fiscal, pero sobre todo por las políticas extraordinariamente expansivas de los bancos centrales globales y sus políticas fiscales contracíclicas. El BCR está haciendo lo suyo y ya bajó su tasa la semana pasada (y pensamos que lo podría repetir en el segundo semestre de este año). Pero una política fiscal contracíclica con los bajos niveles de ejecución parece un sueño. Y no solo es la obra pública: la adjudicación de asociaciones público-privadas (APP) de Pro Inversión va por los suelos: ha llegado a los US$255 millones en el primer semestre del 2019, después de haber sido de US$2.739 millones en el 2018.
A diferencia del 2009, no existe hoy la coordinación de políticas globales, y la semana pasada los mercados de bonos de Estados Unidos empezaron a descontar el riesgo de una recesión; Alemania ha reportado una contracción en su PBI del segundo trimestre del 2019; y China experimenta la peor desaceleración de los últimos 10 años. El presidente estadounidense, Donald Trump, está convencido de que la forma de combatir la violación por parte de China de los derechos de la propiedad de las patentes de los productos tecnológicos es con la guerra arancelaria –y no va a parar–. Ya impuso aranceles del 25% sobre US$200 mil millones de importaciones de China y la semana pasada amenazó con más sobre el resto de las importaciones, unos US$300 mil millones.
Afortunadamente, en la primera subida de aranceles, Estados Unidos pudo sustituir las importaciones chinas con las de otros países y no se sintió el efecto sobre la inflación y el consumo. Pero JP Morgan Chase estima que, si decide cumplir su amenaza, la inflación podría aumentar en 1 punto porcentual, reduciendo el espacio a la Reserva Federal (FED) para seguir bajando sus tasas. Las repercusiones globales se han transmitido a nuestra economía como una ola expansiva: después de crecer al 4,1% en el primer semestre del año pasado, nuestras exportaciones decrecieron, según nuestros cálculos, 1% en el primer semestre de este año, y sus precios cayeron 6,2% en la comparación anual en junio después de haber aumentado 15,2% en el mismo período del año anterior.
Afortunadamente, los fundamentos de nuestra economía son sólidos, pero la voluntad política y de diálogo escasea. Este entorno requiere de una gran cruzada a favor de la economía y la creación de empleo. Requiere de dos elementos: un impulso de corto plazo que priorice la inversión y un programa de reformas estructurales que nos permita aumentar nuestra tasa de crecimiento potencial. Afortunadamente, tenemos el espacio fiscal como para complementar el impulso que está dando el BCR. Lo que nos falta es un marco regulatorio que promueva los buenos proyectos de obra pública y APP. Lamentablemente la nueva legislación de inversión que se aprobó con los decretos legislativos del año pasado, similar a la del 2015, trabó una vez más la inversión pública. También se requiere de un programa de reformas estructurales. Cuando diseñamos nuestro plan de gobierno, optamos por reformas que nos hicieran más productivos, con una reforma social que asegure que la población reciba los beneficios del crecimiento –ese fue el énfasis en las reformas de formalización y de protección social–. Lamentablemente, Tía María nos ha recordado una vez más que ese balance entre crecimiento y distribución debe prevalecer. La duda es si Tía María ha marcado un antes y un después en términos de la inversión privada y si nos condenará a un crecimiento mediocre.
