Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 23 de Noviembre del 2022
“Lo que realmente pretende el premier Torres es amenazar al Congreso con el cierre, para preponderar el poder del Ejecutivo sobre el del Legislativo, rompiendo así el necesario equilibrio”.
Durante meses, cuestioné la eficacia de la vacancia presidencial, no por falta de méritos presidenciales para justificar la medida, sino porque la presidencia recaería en Dina Boluarte, quien sin duda tiene más seso que Castillo, pero ¿sería Dina más efectiva en sus medidas prodesarrollo?, ¿sería menos permisible a la corrupción?, ¿tendría más capacidad para convocar a funcionarios calificados? Me temo que no. Tampoco pararía el conflicto con el Congreso, ya que la vicepresidenta trae consigo cuestionamientos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.
Mientras tanto, el deterioro del Estado está en su pico más alto. Lo que sostiene al presidente en su cargo son las componendas con congresistas y cuotas de poder asignadas a agrupaciones políticas en ministerios, empresas estatales y organismos públicos. Esto le ha asegurado, hasta ahora, votos en contra de la vacancia presidencial; sin embargo, profundiza el deterioro en la administración pública, lo que atenta a la lucha contra la pobreza.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo decidió ‘sacar las garras’, haciendo cuestión de confianza sobre un proyecto que pretende derogar, por tercera vez, la ley que limita la convocatoria a referéndum para modificar la Constitución. Es esa la ley que además fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Lo que realmente pretende el premier Torres es amenazar al Congreso con el cierre, para preponderar el poder del Ejecutivo sobre el del Legislativo, rompiendo así el necesario equilibrio.
Esta nueva dinámica del Ejecutivo marca un hito en el gobierno, ya que con esta medida solo podemos esperar una escalada en la conflictividad política y la victimización como justificante ante su absoluta incapacidad para dirigir a la nación en la senda del crecimiento.
Para entender la magnitud del daño que este inoperante gobierno viene causando a la población, es necesario entender que cada punto porcentual que deje de crecer la economía representa más de US$2,200 millones al año para el Perú. Con un gobierno que tan solo generara confianza, el crecimiento sería del 5% y con un gobierno eficiente creceríamos al 7%, en vez del poco menos de 3% que creceremos este año.
Así las cosas, el año y medio de gobierno que pasó le ha costado a los peruanos US$13,200 millones, y si el gobierno se mantiene hasta el 2026, le habrá costado al país US$44,000 millones, además del costo de la corrupción, lo que nos regresaría a niveles de economías centroafricanas.
