Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 28 de Setiembre del 2022
“Todo apunta a que quien salga elegido culpará al sistema por haber fallado monumentalmente en su gestión, cuando en realidad desde ya se puede ver que ninguno sabe cómo enfrentará los problemas de la ciudad”.
A pocos días de elegir a las autoridades subnacionales, nos vemos nuevamente sometidos al suplicio de votar por el mal menor. La paupérrima oferta de candidatos es un claro reflejo del abandono de la política nacional, dando espacio a los menos capacitados para gobernar.
El debate del domingo pasado entre los candidatos al sillón municipal de Lima fue un bodrio. Aburrido, sin luces y muy pobre en el sustento de las propuestas. Todo apunta a que quien salga elegido culpará al sistema por haber fallado monumentalmente en su gestión, cuando en realidad desde ya se puede ver que ninguno sabe cómo enfrentará los problemas de la ciudad con los recursos que cuenta la municipalidad y, por el contrario, las propuestas esbozadas dependen del gobierno central o del Legislativo. El “perro muerto” de los peajes es una papa caliente que se presta al populismo. Sin embargo, es imprescindible enfrentarlo para dotar a Lima de una infraestructura vial adecuada.
Todo lo que oí me suena a ‘cuento chino’. Me trajo a la memoria una conversación con el entonces alcalde de la Molina, Juan Carlos Zurek, quien a mi consulta sobre su plan para resolver el agobiante tráfico del distrito, respondió que existía un megaproyecto que uniría la Molina con la Av. Angamos a través de un túnel y que eso estaba en manos de la alcaldía de Lima. Es decir, la solución estaba en manos de otros.
Mas allá de los pésimos candidatos, el domingo elegiremos a 25 gobernadores regionales, a 196 alcaldes provinciales y a 1,694 alcaldes distritales. Cada una de las 1,915 entidades de gobierno regional, provincial y distrital representan una abultada carga administrativa que el contribuyente debe costear. Este exceso de entidades de gobierno constituye la principal traba para el desarrollo de las regiones y representa la primera barrera a sortear para ejecutar cualquier obra pública o proyecto privado en las mismas. Debemos seriamente reconsiderar esta absurda situación, que además es la fuente de corrupción.
Es además injusto y desproporcionado cargar a los municipios provinciales con la responsabilidad de elaborar expedientes capaces de sortear los requerimientos técnicos, sociales, medioambientales para finalmente circunnavegar los procedimientos administrativos del Estado, y lograr ejecutar obras en beneficio de sus pobladores o siquiera recibir inversión privada. No es extraño entonces que los pobladores vivan en permanente estado de frustración por las innegables carencias de sus distritos.
