El presidente de la República tiene, hace varias semanas sobre su escritorio, el proyecto de ley de delitos informáticos que le fue enviado por el Congreso de la República para su promulgación u observación. Dicho proyecto pretende luchar contra la delincuencia en el ciberespacio pero es confuso, indefinido y ambiguo. Y no podría ser de otra manera porque mezcla una serie de proyectos anteriores e inclusive uno del propio Poder Ejecutivo que fueron juntados a última hora, no fueron debatidos como corresponde, pero se convirtieron en este proyecto que abre peligrosamente la puerta al recorte de libertades en Internet.
Si el Presidente lo firma cometerá un grave error; pero si lo devuelve para promover el debate público contribuirá, en verdad, a preservar el territorio digital como un espacio más seguro y ordenado; que, por lo demás, es indispensable. Ocurre que el proyecto de ley contiene tanta generalidad e imprecisión que lejos de ayudar a los jueces, puede complicar los fallos judiciales y generar un sinnúmero de abusos.
El Art. 3 es tan ambiguo que por borrar o modificar un archivo en un computador puedes terminar preso hasta seis años: “El que introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos”. El Art. 6 puede convertir en delincuente al que usa Excel para hacer un listado de nombres, y encarcelarlo así por cinco años: “El que, crea, ingresa, o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, para comerciar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera, creando o no perjuicio”. El Art. 7, sobre interceptación telefónica, no habla de excepciones referidas al interés público. Es decir, si este proyecto se convierte en ley el derecho de conocer información pública queda seriamente menoscabado y la pena equivale a la violación sexual. Así mismo, este proyecto incorpora al artículo 323 del Código Penal “la discriminación a través de las tecnologías de la información o de la comunicación”. En otra palabras, el que opina en su Facebook o Twitter sobre cualquier tema puede terminar cuatro años en San Jorge o Lurigancho si alguien siente que esa opinión es discriminatoria.
Hay mucho más, y en ese tono oscuro, vago e indeterminado, y por eso hay que estar alertas. El impacto negativo de una ley mal hecha que regula la libertad de expresión en el ciberespacio puede ser devastador. Hay 12 millones de peruanos conectados a Facebook, 1.5 millones en Twitter y 30 millones de celulares, de los cuales la tercera parte tiene acceso a Internet. Vivimos conectados y muy lejos de ser una moda es la realidad de un país de emprendedores que crece con intensidad. Atentar contra esa libertad, aunque no sea la intención, es inconcebible y abrirá un nuevo frente absolutamente inoportuno e innecesario.
El Presidente tiene que hacer uso de su prerrogativa y detener esto cuanto antes. Aplaudiremos o combatiremos desde las redes sociales, como muchos, según sea lo que decida. Hay que recordarle y sobre todo a los congresistas y a los políticos mediocres que el poder de la gente es más importante que la gente que tiene –por ahora– el poder.
Publicado en Expreso, 20 de octubre de 2013
