Por: Alejandro Falla
El Comercio, 5 de setiembre de 2018
Mentira. El mal sí puede durar más de cien años. Muchas regulaciones permanecen vigentes pese a que el paso del tiempo las ha hecho inútiles para lograr sus objetivos (asumiendo que alguna vez lo hicieron). Si nadie exigiera su cumplimiento, no sería un problema. Sería letra muerta. El problema es que siempre hay alguien dispuesto a hacer cumplir las regulaciones porque “la ley es la ley”.
Personas y empresas –grandes y pequeñas– son forzadas a asumir los costos de cumplir con regulaciones que no sirven a nadie, bajo la amenaza del garrote (aplicación de multas, clausura del negocio, pérdida de licencia o concesión, etc.). Al no existir un incentivo que fuerce a revisar la efectividad de las regulaciones por parte de quienes tienen el poder de modificarlas o derogarlas, la situación se puede prolongar por años.
Las leyes o regulaciones nacen con ánimo de permanencia. Nacen para durar “toda la vida”. En los últimos artículos de cualquier nueva regulación casi siempre se menciona la fecha de su entrada en vigencia. No se hace ninguna mención a la fecha en que esta perderá toda vigencia. Hay preocupación por lo primero, pero nunca por esto último.
¿Qué sucedería si empezamos a poner en las nuevas leyes y regulaciones una “fecha de vencimiento” de manera que automáticamente dejen de tener vigencia con la llegada de esa fecha?
Un mecanismo de este tipo forzaría a los legisladores y reguladores a volver la mirada hacia la eficacia de las regulaciones que han aprobado, a implementar ajustes en aquellas que lo requieran o simplemente a dejar morir aquellas que no hacen mayor sentido. Los congresistas y reguladores se pueden escapar fácilmente de hacer un análisis serio de costo beneficio al aprobar una regulación. De lo que no podrán escaparse es de la llegada de un plazo de caducidad. De esa manera nos aseguraremos de que mueran las regulaciones inútiles y que solo sean rescatadas aquellas que realmente valgan la pena.
Nadie pretende sugerir que se ponga una “fecha de vencimiento” a leyes o regulaciones referidas a los derechos fundamentales o a las que sostienen todo el tráfico de bienes. Hay espacio para hacerlo en regulaciones de industrias que están expuestas a cambios tecnológicos (véase lo que viene sucediendo con los servicios de hospedaje, por ejemplo).
Lo mismo con aquellas regulaciones que buscan influir en el comportamiento de los individuos (a través de advertencias sanitarias tipo octógonos, por ejemplo). Ex ante, no se tiene mucha información sobre la forma cómo reaccionarán los individuos ante los nuevos estímulos ni se sabe si realmente se logrará el efecto deseado (menos consumo de ciertos bienes, por ejemplo).
Forzar la revisión periódica de la regulación en estos sectores debiera ser una regla y no una excepción. Con una fecha de vencimiento en las leyes, nos aseguramos de que el mal no dure más de cien años.
