Por: Alberto Pascó-Font
El Comercio, 20 de diciembre de 2019
Antes de Lava Jato, casi todos los procesos gestionados por Pro Inversión se habían investigado exhaustivamente, probablemente por su gran magnitud. Varios años después, con el privilegio de nueva información, es fácil cuestionar las decisiones del pasado, a veces por falta de experiencia de los organismos de control. Este es el llamado control posterior que realizan instituciones como la Contraloría General de la República (CGR). Es correcto que se verifique la legalidad del proceso de concesión. El problema es que también se cuestionan otras decisiones técnicas.
Sin embargo, cuando se discutía si era mejor que el control ocurriera durante el proceso de concesión y no una vez culminado, siempre se prefería que se realizara con posterioridad. El gran temor era que un control concurrente iba a demorar los procesos y que las concesiones no iban a salir nunca.
Si el órgano de control, que no tiene por qué ser especialista en concesiones, iba a estar cuestionando cada paso que se daba, los procesos de concesión se iban a extender más aún. La presión política de todos los gobiernos de ejecutar obras y mostrar resultados hacía que eligieran el control posterior frente a un control concurrente al proceso de licitación. Los órganos de control tampoco estaban preparados para hacer control concurrente.
A inicios de la concesión de la Interoceánica, la dirección ejecutiva de Pro Inversión, transparentemente, comenzó a enviar a la CGR todos los documentos del proceso de concesión: la versión inicial de las bases, sus posteriores modificaciones, la versión inicial del contrato, etc. La CGR pidió a Pro Inversión que solo le enviara versiones finales. Esta política la mantuvo incluso cuando por ley se requirió que la GCR emitiera opinión antes de firmarse el contrato de cualquier concesión en que había riesgo financiero para el Estado.
Lava Jato cambió todo. Las concesiones están casi paralizadas. Los funcionarios temen que todas sus decisiones sean cuestionadas a posterioridad y que terminen investigados en largos procesos judiciales, con embargo de sus bienes y hasta de su libertad. En este contexto, una unidad especializada en concesiones dentro de la CGR que acompañe y dé su visto bueno a los procesos de licitación tal vez es la única manera de avanzar. Este control concurrente reemplazaría al control posterior.
Ciertamente, el proceso va a ser más lento, pero eso es mejor a que no suceda nada. Existe un riesgo de que el exceso de controles termine haciendo poco atractivas las concesiones y que no haya postores interesados. Será parte del proceso de aprendizaje. Aun así, eso es mejor que el escenario actual. El tema de las adendas de los contratos una vez otorgada la licitación es materia posterior que también podría acompañarse con la participación de la CGR.
