Por: Alberto Ñecco, Ex director ejecutivo de ProInversión
Gestión, 9 de marzo de 2020
A inicios de febrero, la entonces ministra de Educación declaró que 8 de cada 10 escuelas necesitan algún tipo de intervención en su infraestructura. Asimismo, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad indica que “el 45% de los locales educativos están en alto riesgo de colapso. Por tanto, deben ser demolidos y vueltos a construir” y estimó la inversión en 94,610 millones de soles.
Por diversos factores, el Estado no cuenta entre sus fortalezas con la gestión y el mantenimiento de la infraestructura a su cargo. En este sentido, las APP son una alternativa de solución puesto que se diseñan para brindar servicios de calidad consistentes en el tiempo. El concesionario tiene el incentivo de ejecutar buenas obras porque tiene que cubrir el mantenimiento durante el plazo de la concesión (10 años a más) y sus ganancias dependen de la culminación de las obras y el nivel de calidad de los servicios.
Sin embargo, son varios los factores que han limitado la aplicación de las APP a los servicios sociales (salud, educación, etc.). Entre ellos, el temor a la “privatización” de los servicios públicos. En ese sentido, los esquemas APP que se vienen promocionando en el Perú no contemplan la privatización de los mismos y solo comprenden el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura, además de la implementación de equipamiento y algunos servicios relacionados (que hoy en día ya se licitan a empresas privadas).
En el caso de las APP en educación, la empresa privada se encargará de mantener el colegio en condiciones óptimas, además de dar servicios de limpieza y seguridad mientras que el Estado sigue encargándose de la enseñanza, del personal docente y el contenido educativo. En las APP la educación pública seguirá siendo gratuita, los alumnos tendrán colegios en buen estado y el director de cada colegio podrá enfocarse en que sus alumnos reciban una buena educación y no si los baños o las aulas están en mal estado y cómo hace para repararlos.
Para este año ProInversión ha priorizado la declaratoria de interés de la Iniciativa Privada de Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Esto quiere decir que el proyecto ha sido diseñado (en la parte técnica/constructiva) por una empresa privada (el Proponente) bajo la supervisión del Estado. Una vez que el Proponente acepta las condiciones finales (niveles de servicio, financieras y legales principalmente) de la concesión esta se publica (a este acto se le llama Declaratoria de Interés) en la búsqueda de otros interesados; si no los hubiese, se firma el contrato de concesión, y si los hubiese se realiza un concurso abierto y competitivo.
El proyecto COAR comprende el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de 3 COAR (Pasco, Huancavelica y Cusco). El concesionario deberá brindar los servicios de alimentación, limpieza, lavandería, seguridad y transporte. Este es un hito importante, pues es el primer proyecto APP en educación en el Perú y abre camino para otras 4 IPC para colegios en riesgo o CER. Los proyectos CER comprenden 41 instituciones educativas en Lima, cada una con una población mínima de 1,000 alumnos y que requieren una sustitución de por lo menos el 50% de su infraestructura.
El Minedu cuenta con un importante potencial para continuar generando paquetes de centros educativos para su concesión bajo esta modalidad (por ejemplo, toda una UGEL). Es importante para poder concretar esta posibilidad que se potencie la capacidad del ministerio para el manejo de las APP (pre y posfirma de contrato) y se internalice que estos proyectos, a diferencia de la obra pública tradicional, se enfocan en los niveles de servicios que deben de entregar a largo plazo, en lugar de la infraestructura por construir.
