En el siguiente editorial de El Comercio se analiza las innumerables trabas que tiene sortear cualquier inversionista que desee explorar y explotar un pozo petrolero en el país. Desde el contrato engorroso que se debe firmar con Perú-Petro y que debe ser ratificado por el propio Presidente de la Repúblicas hasta concesiones con una vigencia de solo 30 años y el pago de quizá las regalías más altas de la región. En síntesis, trámites que demoran años y un sistema tributario que ahuyenta la inversión y favorece a los países vecinos que se han lanzado a captar inversiones en el sector. La política de hidrocarburos contrasta con el fomento de las inversiones mineras que nos ha permitido increíbles y gigantescos emprendimientos.
