Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
La presentación de una cuestión de confianza es un paso más en la escalada del gobierno para amedrentar al Congreso y a la vez distraer la atención de los escándalos que perpetran diariamente, entre otros las groseras diatribas de Aníbal contra Sol Carreño de Cuarto Poder. O el éxito de la marcha opositora del sábado 5.
El tema de la cuestión de confianza, que podría conducir a la clausura del Congreso, no tiene sentido. El gobierno pide derogar una ley aprobada que precisamente regula la cuestión de confianza y que ha sido considerada perfectamente constitucional por el único organismo autorizado para ello, el Tribunal Constitucional.
Pero a este gobierno la legalidad le importa un comino, para ellos la política es una confrontación en la que solo importa la fuerza. (Ver “La política como fuerza”, El Reporte, 30/10/22). Y con eso están amenazando ahora también.
Precisamente el jueves 10, día en que Torres quiere presentarse en el parlamento para sustentar su proyecto, ellos han convocado a una marcha, cuyos temas están reflejados en los afiches de convocatoria de la “Gran marcha nacional La Toma de Lima”. Sus demandas son “Cierre del Congreso y nueva Constitución”, “Renuncia de la fiscal de la Nación”.
En otro cartel, “La Toma de Lima” de supuestos reservistas, dicen: “Sacaremos a todos los korruptos del sistema judicial y el Congreso”.
Son los mismos asuntos que Pedro Castillo, Torres y sus secuaces repiten diariamente, los ataques al Congreso y la fiscal de la Nación. Es decir, como comunistas corruptos que son, no soportan la división de poderes y las investigaciones sobre el saqueo del Estado que perpetran sistemáticamente.
En realidad, lo que están haciendo ahora es solamente reiterar sus verdaderas intenciones, que han manifestado desde la campaña electoral y desde el primer día en que ocuparon el gobierno.
Desde el punto de vista legal y constitucional, como han manifestado los expertos, el proyecto de ley y la cuestión de confianza no tienen sentido, pero como se sabe, eso en el Perú no es decisivo. El 2019 el Lagarto disolvió el Congreso sin justificación legal y se salió con la suya, respaldado por una coalición de caviares, medios de comunicación, políticos izquierdistas y la complacencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Como es obvio, el gobierno no es capaz de despertar el entusiasmo de la población y obtener un respaldo en las calles. Pero si puede organizar, usando los recursos del Estado, a matones, delincuentes y antauristas que provoquen disturbios. Manejando, además, a la policía, pueden permitir a esas pandillas realizar asomadas que el gobierno puede utilizar con cualquier propósito.
Paradójicamente, un gobierno repudiado abrumadoramente por la ciudadanía como muestran las encuestas, las espontáneas expresiones de rechazo que suscita Castillo cada vez que aparece en público o movilizaciones como la del sábado pasado, pretende que los representantes congresales le otorguen una confianza que los ciudadanos hace tiempo le han retirado.
Una vez más, es evidente que solo con soluciones radicales se puede impedir que la delincuencial gavilla comunista que se ha apoderado del gobierno termine liquidando lo poco que queda de democracia. Lampadia
