Alejandra Benavides
Para Lampadia
A pesar de su paupérrima gestión, el Presidente Martín Vizcarra (MV) en su discurso de 28 de julio de 2020, no fue tímido al enumerar un listado interminable de promesas y proyectos, haciendo énfasis en el esquema a utilizar para la ejecución de dichos proyectos: gobierno a gobierno. En su discurso dijo que eso permitiría que el Estado peruano “adquiera la experiencia de gestión de proyectos de los países de primer mundo”. Entre los proyectos bajo este esquema estarían la Reconstrucción (con Cambios) del Norte y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.
En su entrevista del 11 de octubre de 2020 con Rosana Cueva en Panorama – y posteriormente en Cuarto Poder, MV negó las acusaciones de corrupción contra él (entre miles de “o sea”), alegando que él fue un simple impulsor y facilitador del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Indicó que fue la UNOPS quien lideró el proyecto, tanto en la parte técnica como en la licitación, y que esta última fue hecha con total reserva y sin compartir información al Gobierno Regional de Moquegua. Dichas declaraciones ya sabemos son falsas, no sólo por una respuesta formal de UNOPS, sino también lo deja explícito el exrepresentante de UNOPS en el Perú en su entrevista a El Comercio en 2019 en contexto de los Juegos Panamericanos: “Es muy importante que la gente sepa también que todo se hace compartiendo la información correspondiente al gobierno local del país, porque siempre hubo un mito de que los procesos hechos por los organismos internacionales son hechos totalmente cerrados.”
La ilusión de que estos acuerdos con organismos internacionales y gobiernos están libres de corrupción, es muy peligrosa, pues más que evitar la corrupción, la potencian. Fungen de sello de “buen comportamiento” para el gobierno (central o local) que lo utilice. Sin embargo, en sendas ocasiones han servido de careta para esconder robos y corrupción. Casos enigmáticos como
- el caso Guvarte donde, bajo un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español, el Estado peruano firmó un contrato con la empresa Guvarte para la construcción y equipamiento de penales -totalmente sobrevalorados, obras inconclusas y ministros que huyeron de sus responsabilidades.
- En tiempos más recientes, tenemos el famoso satélite Cateriano, adquirido bajo modalidad gobierno a gobierno con Francia, compra muy cuestionada a pesar del archivamiento de su respectiva investigación.
- En el 2012, OAS, en conjunto con otras empresas, se adjudicó casi 200 millones de soles para la construcción del Hospital Lorena –que está recién al 60% de avance (más de 8 años después) y ahora el gobierno francés se encargará de terminarlo con una inversión de 230 millones de soles adicionales! En dicho caso OAS confesó haberse coludido con autoridades locales, así como con funcionarios de la UNOPS, con una coima de casi US$1 millón.
Muy sospechosamente, el gobierno de López Obrador en México está usando a UNOPS en varios nuevos proyectos de consultoría y asesoría en proceso de licitaciones. El más criticado: la compra de medicamentos por más de US$4,000 millones, donde UNOPS se hará del 1.25% del monto de dichas licitaciones.
El gobierno actual se jacta de prácticamente haber inventado estos esquemas en el Perú, cuando ya hemos visto múltiples ejemplos, no sólo en el ámbito local, sino en todo el mundo. Lo más preocupante es que estas modalidades de contratación y gestión triangulada, se han vuelto favoritos por gobiernos locales y regionales. Un documento elaborado por la Contraloría del Perú en 2015 analizó las contrataciones a través de estos mecanismos entre los períodos 2011-2014. El crecimiento anual promedio en dicho período en adjudicaciones por este tipo de contrataciones fue de 94%, pasando de US$85 millones en 2011 llegando a más de US$500 millones en el 2014, del que 40% corresponde a gobiernos regionales y otro 40% al gobierno nacional, siendo la OIM y UNOPS las organizaciones que concentran la mayoría de contratos. En ese mismo reporte, la Contraloría establece que si bien los contratos con estas organizaciones sí están dentro del ámbito de supervisión de este órgano de control -al haber recursos que se trasladan desde el Estado a las organizaciones-, lo que estas organizaciones hacen luego no está dentro de su control. Asimismo, por más de que la ley sí establece que lo que sucede dentro de estos contratos debe ser registrado en SEACE, en la mayoría de casos no se hace o se hace de manera incompleta.
Fuera del consenso que pueda haber para suplir las deficiencias técnicas y de conocimientos de los gobiernos centrales y regionales, los acuerdos gobierno a gobierno y contrataciones de organismos internaciones parecen haber dejado “puntos ciegos” para que la corrupción campee. Muchos dirán que este tipo de situaciones se dan por unas pocas “manzanas podridas”, pero más parece haber un sistema perverso, tras el cual se esconden intermediarios y operadores corruptos. La crisis actual es el escenario perfecto para impulsar el cambio, ya sea desde el Congreso o la Contraloría, pues claramente el Ejecutivo no lo hará. Lampadia
Fuentes:
https://ladobe.com.mx/2020/10/unops-y-la-licitacion-para-comprar-medicamentos-sin-corrupcion/
http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2015/Reporte_N07-2015-CG_EST.pdf
