Jaime de Althaus
Para Lampadia
Eduardo Dargent tiene un libro interesante que vamos a discutir en este artículo, pero antes quiero comentar una respuesta que dio en una entrevista publicada en La República el domingo, porque el tema es el mismo. Argumenta que en nuestro país las reformas que se han formulado o aprobado no han sido para reconstruir o fortalecer la formalidad sino la informalidad. Y así como los intereses informales e ilegales se han enseñoreado, “la representación de otros sectores que podrían revertir esta tendencia ha quedado disminuida, subrepresentada”. ¿A cuáles se refiere? A “la izquierda de Verónika Mendoza, junto con el Frente Amplio. O lo que fue Unidad Nacional o Peruanos Por el Kambio…”.
Pero si revisamos las propuestas de Nuevo Perú o del Frente Amplio que, por lo demás, se han manifestado claramente en la comisión de Trabajo del Congreso que manejan desde hace muchos años, y han sido recogidas por la llamada Agenda 19 del gobierno, vemos que no hacen sino agravar el ya sobre cargado peso regulatorio sobre las empresas, desincentivando o haciendo prácticamente imposible su formalización y la contratación formal de los trabajadores.
Aquí ocurre con esos grupos de izquierda lo mismo que con otros de centro o derecha: se convierten en canales de intereses, en este caso de las organizaciones sindicales que, lejos de ver que una regulación más flexible y menos onerosa incrementaría la base sindical y los ingresos de los trabajadores en el mediano plazo, se atrincheran ciegamente en unos puestos de trabajo cada vez más protegidos e inaccesibles para las mayorías.
El asunto es perverso. Al complicar en extremo la formalidad, muchas actividades emergentes deben resignarse a la informalidad sin poder crecer, o a crecer dentro de la semiformalidad o la ilegalidad, hasta que logran llegar al congreso colonizando las listas de algunos partidos.
Así, se da una curiosa complementariedad: mientras la izquierda más ideológica genera una legalidad inaccesible privilegiando a sectores laborales formales, otros partidos canalizan los intereses informales e ilegales que esa legalidad infranqueable genera. Lo particular en el caso de Castillo y Perú Libre, es que concentra ambos intereses: los laborales formales y los informales/ilegales.
El propio Dargent, sin embargo, se percata en alguna medida de esto en su libro El Páramo Reformista (Fondo Editorial PUCP, mayo 2021), en el que contrasta la urgencia de hacer reformas (del Estado y los servicios públicos principalmente) con la dificultad de hacerlas en una democracia precaria como la nuestra. Allí refiere que la izquierda (o lo que él llama los “izquierdistas dogmáticos”) con frecuencia “apoya acríticamente a sindicatos que se oponen a reformas que permitirían el cambio en servicios sociales de baja calidad”. Y menciona al Sutep, gremios de salud, sindicatos y organizaciones agrarias, aunque se cuida de decir que se trata de organizaciones necesarias para defender intereses comunes.
Si la gran reforma que hay que hacer es la del Estado en sus dos vertientes: servicios públicos y formalidad, la fuerza que principalmente se opone a ella es la “izquierda dogmática”. En mayor medida aun que los otros dos actores políticos que Dargent califica también de “reformistas insuficientes”. Ellos son los “conservadores populares” y los “libertarios criollos”.
Con los “conservadores populares” se refiere básicamente a la “derecha popular” representada, por ejemplo, por el fujimorismo. Advierte que el problema del conservador popular con la reforma es que minimiza su relevancia, no reconoce la magnitud de los cambios necesarios para pelear por una mejor sociedad, lo que se debería a la cercanía o dependencia de grupos de interés o a actores formales informales que ganan con la ausencia de regulación. Por eso, asevera Dargent, el fujimorismo no impulsó ninguna reforma en el congreso ni respaldó las pocas reformas en marcha como la del servicio civil o la educativa y la policial.
Y tiene razón. El fujimorismo ha perdido voluntad reformista. Pero la ha perdido porque ha dejado de representar a los sectores informales emergentes sanos -no los mafiosos-, que sí necesitan una profunda reforma de la formalidad para que esta sea inclusiva, para que puedan operar y crecer en la formalidad.
Dargent critica también a los “libertarios criollos” -los reformadores de los 90-, para quienes, según él, “las soluciones privadas son siempre mejores que las públicas” y por eso no hicieron suficientes esfuerzos para construir un Estado capaz de impulsar el modelo del desarrollo adoptado en la década de 1990. “Se oponen, por lo general, a políticas redistributivas pues las consideran una vulneración a la libertad y a la propiedad. Denuncia que la acción estatal niveladora con frecuencia lleva a regímenes que asfixia la creatividad de sus ciudadanos o los convierte en ociosos, dependientes del Estado”.
Me parece que hay acá una caricaturización. Es la narrativa de la izquierda. En realidad, no hay contradicción entre mercado y Estado. Un mercado libre potente produce más ingresos fiscales que permiten mejorar los servicios públicos para igualar oportunidades. Esa fue siempre la filosofía de los reformadores liberales.
Si los avances fueron relativamente acotados ello se debió a las limitaciones de los actores políticos frente a las resistencias ideológicas y gremiales vinculadas a la izquierda precisamente. Quizá faltó, es cierto, mayor convicción reformadora para enfrentar esos intereses, para dar la batalla, o para organizar a los sectores desorganizados a fin de responder con movilizaciones a las movilizaciones de los sectores organizados, resistentes a las reformas.
- Pese a ello el gobierno de Alejandro Toledo logró eliminar la “cédula viva” en la Constitución y negoció el TLC con Estados Unidos.
- Y Alan García logró aprobar la reforma de la carrera magisterial meritocrática, contra la resistencia del Sutep -algo que parecía imposible-,
- Creó SERVIR y logró que se apruebe la ley del servicio civil también meritocrático que, sin embargo, es cierto, perdió prioridad e impulso con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta que fuera abatido por la ley que elimina el régimen CAS sin pasar a ese personal al régimen SERVIR, matando el proyecto de un Estado meritocrático. Aquí lo que funcionó es clientelismo puro acicateado por los sindicatos.
- En Salud, la gran reforma de estas dos últimas décadas -en realidad, comenzó a finales de los 90 con el seguro materno-infantil- ha sido el SIS, que pasó de unos 4 millones de afiliados el 2004 a 25 millones en la actualidad,[1] un incremento extraordinario, aunque, es cierto, con un nivel de atención y eficiencia deficiente. Nuevamente, la resistencia de gremios y sindicatos ha triunfado frente a una voluntad reformadora de la calidad del servicio carente de apoyo político, pese a que los recursos del sector se multiplicaron por 7 en términos reales entre el 2001 y el 2020.
La virtud del libro de Dargent, más allá de los temas que he señalado, es que llama la atención acerca de la débil voluntad o capacidad reformista de los actores políticos en el país. Un aporte. Lampadia
[1] Según Enaho (2004) y Susalud (2022)
