Jaime de Althaus
Para Lampadia
En un muy buen artículo publicado en El Comercio, Carlos Meléndez explica que “El presidente Pedro Castillo ostenta dos herramientas políticas que usa instintivamente: el ´cuoteo´ y el asambleísmo.
La primera consiste en distribuir convenientemente parcelas de poder en el Ejecutivo a socios políticos (partidos, facciones o personalidades)”, con la finalidad de asegurar un mínimo de votos en el Congreso que prevenga la vacancia.
El segundo, el asambleísmo, consiste en convocar a actores y organizaciones sociales, sea a los consejos descentralizados, sea al patio de Palacio de gobierno, con la finalidad de generar apoyo social y popularidad entre los seguidores y miedo entre los opositores. Afianzar el respaldo de sectores populares vía la polarización con los “grandes”.
Me parece que el “cuoteo” cabe dentro de una categoría más amplia y general, que es el patrimonialismo. El patrimonialismo es ese estilo de gestión que considera los bienes públicos como propios y que entonces le permite al presidente disponer, en este caso, de ministerios o entidades públicas que se entregan, por ejemplo, a Perú Libre (Cerrón) o al Bloque Magisterial como si fueran feudos dentro de los cuales se aplican las mismas prácticas patrimonialistas. Se le retribuye a Cerrón haberle dado el vehículo para llegar al poder y se asegura su lealtad.
Ese mismo mecanismo es el que funciona para distribuir puestos y obras públicas a familiares, amigos y empresarios informales (o ilegales) que contribuyeron a la campaña. Se paga los favores de campaña con contratos dolosos, pero también, como estamos viendo, la propia familia presidencial se hace directamente de obras a través de empresas hechizas y testaferras. El mecanismo -la entrega de obras- se usa también para captar el apoyo de congresistas. De allí los niños.
Patrimonialismo y reciprocidad están íntimamente vinculados. El patrimonialismo es una forma de reciprocidad cómplice. La reciprocidad es un mecanismo de funcionamiento de la economía y la sociedad campesina, pero extrapolado a la gestión gubernamental se convierte en una forma de lealtad mafiosa. Absolutamente contraria a la meritocracia, por supuesto, y a cualquier gestión por metas o resultados.
Pero, además del patrimonialismo, el gobierno hace uso de otro instrumento de adhesión política y social: el clientelismo. Esto ocurre cuando entrega beneficios legales o rentistas a determinados grupos, organizaciones o sindicatos, para conseguir su lealtad y su disposición a defender el régimen. Lo que tenemos ahora es un clientelismo desbocado:
- A la CGTP se le regala la Agenda 19. Por ejemplo, los decretos supremos que facilitan las huelgas, empoderan los sindicatos, y restringen la tercerización.
- Al Fenate se le entrega la Derrama Magisterial.
- Al SUTEP se le ofrece un aumento sustancial de sueldos para los maestros y otros beneficios.
- A las Rondas Campesinas se las incorpora en la base de datos de los pueblos originarios.
- A los mineros informales se les ofrece derogar los decretos legislativos sobre la formalización y prorrogar el REINFO.
- A los cocaleros se les da DEVIDA y la erradicación voluntaria.
- A los dueños y trabajadores de restaurantes y hoteles se les hace creer que fue el gobierno quien les redujo el IGV al 8%.
- A los estatales se les regaló la negociación colectiva como medio para aumentar sueldos.
- A los campesinos se les ofrece la segunda reforma agraria, que es un fiasco.
Y así sucesivamente. Si con el patrimonialismo se destruye la meritocracia y se roba el Estado, con el clientelismo se destruye la libertad económica y la salud fiscal del país. Tenemos que poner fin a estos males. Lampadia
