Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ®, ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia
Con su habitual torpeza, el Presidente Castillo dirigió una carta al Consejo Permanente de la OEA inventando una maligna conspiración interna que vulnera la institucionalidad democrática en el Perú y, por tanto, solicitaba la aplicación de las normas que la “Carta Interamericana de Derechos Humanos” (CID) dedica al “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. Es decir, los artículos del 17 al 22, que establecen medidas de corte punitivo contra el Estado infractor.
El gobierno no tuvo el tino de considerar que las convenciones o tratados internacionales constituyen un conjunto normativo integral y que los Estados Signatarios no tienen el derecho de escoger los artículos que mejor se acomodan a sus problemas e ignorar los que son contrarios a sus intereses.
Lamentablemente, el Presidente y el Premier no han leído siquiera el primer capítulo de la CID (“La democracia y el sistema interamericano”) cuyos artículos tercero y cuarto caracterizan ese sistema de gobierno.
Es suficiente citar el artículo 4 para comprobar que la conducta del gobierno de Perú Libre no lo califica para invocar esa convención interamericana:
“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”
- No hay transparencia alguna en las “actividades gubernamentales”.
- La denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República sustenta los 190 elementos de convicción que lo incriminan y demuestran su total ausencia de “probidad”.
- No existe siquiera el concepto de “gestión” y suena a broma hablar de responsabilidad del gobierno en su disparatada “gestión pública”.
- La desastrosa acción gubernamental constituye una verdadera falta de respeto por los “derechos sociales” de los peruanos.
- Los constantes ataques e insultos a la prensa del mandatario y el premier Torres evidencian una absoluta falta de “respeto” a la libertad de expresión.
- Lo mismo ocurre con las condenables manifestaciones misóginas del Primer Ministro que ofenden a todas las mujeres peruanas.
- No hay “subordinación constitucional” del Presidente a una autoridad autónoma y legalmente constituida como es la Fiscalía de la Nación.
- No existe un auténtico respeto al “Estado de Derecho”.
Si este conjunto de vulneraciones al Artículo 4 de la CID es tan evidente, el gobierno no está en condiciones de invocar ninguna de las normas del capítulo “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” que le han permitido solicitar la intervención de la OEA. Es legítimo entonces exigir que la misión que ese organismo interamericano ha enviado al Perú comience por analizar rigurosamente si la conducta del actual régimen es compatible con el Artículo 4 de la CID, marco convencional que autoriza su presencia en nuestro país. Lampadia
