El Parlamento debe denunciar con firmeza la maniobra
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Bajo el manto de un lenguaje engañosamente conciliador, el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, declaró la guerra al Congreso. Ha planteado una cuestión de confianza contra una ley (31399) que lo único que hace es repetir lo que ya está en el artículo 206 de la Constitución: que cualquier reforma constitucional antes de ir a referéndum debe pasar por el Congreso. Y que, además, no corresponde porque es sobre materia que no tiene que ver con la gestión del Ejecutivo (el referéndum).
Por lo tanto, si no hay sustancia y no corresponde, lo que busca el gobierno es crear un casus belli, una confrontación artificial con el Congreso para obtener réditos políticos y crear las condiciones para el cierre del parlamento, al más puro estilo vizcarrista.
Sabiendo que el Congreso con razón declarará improcedente o inadmisible la cuestión de confianza, se adelanta sacando de la manga un argumento tan increíble como falaz: que si el artículo 33 de la Constitución (“El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”) usa la palabra “rehusada” en lugar de “rechazada”, esa palabra incluye declarar improcedente o inadmisible la cuestión de confianza. Algo para engañar a tontos, porque ”rehusar” es sinónimo de “rechazar”.
Con ese argumento falaz el Premier está delatando lo que en realidad el gobierno quiere: declarar la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza para avanzar así hacia la disolución del Congreso con el planteamiento de una segunda cuestión de confianza.
La ventaja de una “denegación fáctica” sería que produciría la renuncia de primer ministro. El gobierno se quedaría sin su principal alfil. Pero no es posible, porque la propia ley 31355, que regula la cuestión de confianza, y que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, establece que:
“La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente a Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.
Es decir, no cabe denegación fáctica. El gobierno quiere pasar por encima de la ley. Lo sabe. En realidad, lo que está haciendo es política, política populista. Allí está el tuit del presidente Castillo diciendo que no se puede recortar el derecho del pueblo a impulsar reformas y que se debe restablecer la democracia ciudadana. Y, por supuesto, en lo que está pensando es en resucitar el proyecto de la asamblea constituyente, que fue la razón por la que se quería reunir firmas para un referéndum directo. La asamblea constituyente es, como sabemos, un instrumento bolivariano para concentrar y perpetuarse en el poder.
El país no puede seguir en este trance. El Congreso debe terminar con esta situación y procurar la vacancia o, en su defecto, la suspensión temporal del presidente mientras se lo investiga, en aplicación del artículo 114. O, de lo contrario, buscar un acuerdo político para empoderar a un gabinete independiente, serio y de calidad que comience a recuperar la institucionalidad gubernamental y la economía. Una u otra. Lo que no podemos es seguir en esta guerra de trincheras que destruye el país. Lampadia
