Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia
Las últimas acciones del Congreso podrían llevarnos a pensar que dejó de esquivar los ataques del ejecutivo y pasó a tomar la iniciativa. Archivo de plano el inconstitucional proyecto de convocatoria a una Asamblea Constituyente presentado por el gobierno, aprobó un nuevo retiro de las AFPs, un cambio en el cronograma de las elecciones internas para los comicios municipales y una recomposición del cuerpo directivo SUNEDU para dotarla de mayor autonomía frente al Estado.
Sin embargo, salvo el archivo de la iniciativa de Asamblea Constituyente que sólo respalda el 8% de la ciudadanía según la última encuesta de IPSOS, las otras iniciativas no parecen estar referidos a los temas que preocupan a la mayoría ciudadana. Parecen ser iniciativas del interés de ciertos sectores de la población y no medidas de interés general.
Pasar a tener la iniciativa política en el país implica embarcarse en los temas de interés general, no en las medidas de interés sectorial, político o grupal, mucho menos en los temas de interés de los partidos políticos.
Según la misma encuesta de IPSOS antes referida, los problemas que preocupan a los ciudadanos son: la inseguridad 53%, la corrupción 52% y el empleo y la reactivación 42%.
¿No debería ser este el marco lógico de la acción política del Congreso? Parece obvio que sí.
En materia de inseguridad si bien el Congreso no puede dirigir la policía, ni los serenazgos municipales, pero sí puede en ejercicio de su función de direccionalidad política y de fiscalización:
- Exigir al Ministro del Interior, bajo apercibimiento de despido, resultados concretos en la captura de requisitoriados (así sean sobrinos del Presidente). La sensación de impunidad que irradia esta inepcia policial puede ser corregida desde el Congreso, con la interpelación, la censura, la acusación constitucional o la creación de comisiones investigadoras.
- Exigir al Ministro del Interior y al Jefe de la PNP la reducción concreta del índice de delitos. Una gestión política y una acción policial donde los presupuestos se dan sin exigir ratios de resultados y eficiencia es una política ciega, tonta e ineficaz.
- Fiscalizar el uso del presupuesto policial que no llega a las comisarías ni a la sanidad policial, pero se dispendia en los altos mandos afines al gobierno. Comisarías sin líneas telefónicas, sin patrulleros, sin gasolina, sin baños, son el primer escalón de la inseguridad que molesta a todos los ciudadanos.
- Crear veedurías ciudadanas que permitan a los pobladores opinar y denunciar a sus policías, comisarios, alcaldes, serenos, ronderos o policías municipales. El ciudadano tiene que participar en la seguridad fiscalizando la acción del orden público.
- Citar a los alcaldes de las ciudades y distritos con mayor índice de delitos, para preguntarles ¿qué hacen? o ¿qué no hacen? en esta materia. ¿Por qué no lideran a sus comunidades la lucha contra el delito? Crear incentivos para municipios que reduzcan la delincuencia.
- Citar a gobernadores para que asuman la lucha contra la delincuencia y no se ocupen de movilizar poblaciones en causas políticas afines al Ejecutivo.
- Citar al Fiscal de la Nación para que explique la elevada cantidad de investigaciones que se cierran por exceso de carcelería, vencimiento del plazo de investigación sin acusación y falta de acción de los fiscales titulares y adjuntos, así como exigirle medidas concretas y ratios de gestión.
Un Congreso comprometido en la lucha contra el delito (y contra aquellos otros poderes del estado que lo socapan), podría remontar su bajísimo % de aprobación ciudadana. Un Congreso distraído en los “negocios” de sus miembros, sin duda, carecerá de respaldo ciudadano.
En materia de corrupción es donde más se puede hacer.
- ¿Hasta cuándo en el Perú, la corrupción regional y municipal no tendrá consecuencia presupuestaria? Gobernadores, Consejeros, Alcaldes y Regidores dejan que roben porque el robo que ellos toleran o auspician no tiene consecuencias presupuestarias para ellos. Siguen recibiendo transferencias. Siguen permitiendo o protagonizando la corrupción, siguen recibiendo transferencias para nuevos hechos de corrupción.
- ¿Hasta cuándo los procesados por corrupción seguirán saliendo de un sector y entrando a trabajar en otro? Ellos pueden conservar su presunción de inocencia hasta que sean sentenciados, pero el Estado bien puede, sin lesionar la Constitución, impedir que entren a trabajar en él, que sean consultores o que sean parte de empresas que contratan con el Estado. A la corrupción se le puede cerrar el paso, por ley.
- ¿Hasta cuándo se permitirá que cada Ministro, Gobernador, Alcalde o Congresista (en menor medida) desembarque con miles de ineptos de su partido para tomar los puestos del Estado? Sería un buen paso reducir el número de puestos de confianza para profesionalizar el Estado.
- ¿Qué espera el Congreso para citar a los gobernadores desde cuyos despachos se dilapidan los recursos nacionales y los ingentes recursos de canon y sobre canon?
- ¿Qué espera el Congreso para llevar a la picota a 10 de los alcaldes más corruptos del país, cuyos presupuestos se van en consultorías, publicidad regional, viajes y obras inconclusas?
- ¿Qué espera el Congreso para disponer por Ley la reorganización de algunas entidades estatales donde el dinero público drena?
- ¿Qué espera para declarar en emergencia el MTC que es a todas luces el sector más corrompido por el actual gobierno?
- ¿Qué espera el Congreso para dictar una ley de reorganización del aparato estatal donde todo servidor o funcionario que no responda al perfil debe ser separado, automáticamente, sin derecho a indemnización ni reposición? Esta norma debiera, a título de ejemplo, servir para el propio Congreso, donde hay más de un amigo en posiciones que no les corresponde.
Ahí está la corrupción. El ruido que Vizcarra armó para concentrar la corrupción sólo en sus enemigos debe acabar. La corrupción está en todos lados y se puede combatir con medidas concretas. Es hora de que el Congreso lo haga.
En materia de generación del empleo y reactivación es donde debe actuar con mayor prisa. Debe mostrarle a los ciudadanos, a los empresarios y a los inversionistas que aun cuando el ejecutivo quiera destruir la economía del país, la representación nacional no lo va a permitir.
- Frente al ataque militar / casi subversivo, contra la minería, se deben dar medidas para incentivar la actividad minera. Medidas contrarias. Medidas contra el ciclo anti-inversión que lidera el gobierno: ampliación de plazos de concesiones, simplificación de trámites de exploración, silencios administrativos positivos. La competitividad minera del país debe ser preservada por el Congreso.
- Frente a las amenazas de nacionalizaciones de empresas de hidrocarburos, se debe mostrar que el Perú es un país que alienta la inversión en exploración, perforación y explotación hidrocarburífera, ampliando los beneficios que la ley otorga para generar una contra política que evite la estampida de la inversión en estos sectores.
- Frente a la dictadura de los protocolos, el Congreso debe simplificar el emprendimiento poniendo topes al costo de las licencias, establecer la gratuidad de las prórrogas y la aprobación automática de las solicitudes de prórroga y cambio de titularidad, limitar el costo de las certificaciones de defensa civil y ampliar su vigencia, exonerar de costos registrales a la creación de nuevas empresas por un lapso de tiempo, permitir el pago fraccionado de multas y sanciones administrativas y, por supuesto, eliminar toda barrera burocrática denunciada o en proceso de denuncia ante INDECOPI. La reactivación requiere medidas concretas. Los que gobiernan no tienen idea de ellas. ¿El Congreso tampoco?
- Frente a la ausencia de empleo, no cabe ampliar los beneficios de los 3 de cada 10 peruanos que tiene empleo formal. Cabe crear un Régimen de Emergencia, en el cual se dote al trabajador de seguridad social y salario justo mientras accede al sector formal o la empresa puede pagar el régimen general. El Perú necesita millones de empleos, así sea precarios. No necesita que los sindicatos afines a los partidos que gobiernan consoliden más beneficios y sean oligarquías laborales que combaten cualquier reforma desde la comodidad de su puesto laboral.
- Crear un Draw Back por empleo, que otorgue incentivos tributarios a las empresas formales que contraten nuevos trabajadores o incrementen remuneraciones a sus trabajadores.
- Ampliar, potenciar y simplificar el RUS, así sea subiendo las alícuotas de pago. Los microempresarios del RUS pasan a la informalidad no al radar de la SUNAT como ella cree.
- Qué espera el Congreso para derogar el Decreto sobre tercerización que beneficia a los sindicatos amigos al Gobierno y a los sindicatos y en lugar de ello, fortalecer la tercerización, que genera empleo formal descentralizado, para las empresas que presten garantía, fianza o similar para el pago de los beneficios de sus trabajadores tercerizados.
- Un shock de competencia que fortalezca la economía de mercado, particularmente en los sectores donde existen monopolios y oligopolios, simplificando las reglas de acceso para nuevos operadores aéreos, ferroviarios, pensionarios, cementeros, portuarios, de seguros, entre otros, para que sea la competencia y no la regulación la que muestre las virtudes de la economía libre. Haciendo abogacía de la competencia, por ley, para que más y mejores prestadores de servicios farmacéuticos, financieros, bancarios, entren a competir y dinamizar estos y otros sectores.
El Congreso puede evitar que el país sea destruido vacando al gobernante incapaz. También lo puede hacer impidiendo que este destruya el país y su economía. Sólo necesita actuar en la dirección correcta. Atendiendo los temas que le interesan a los peruanos. Cuando atienda esto, el Congreso podrá ocuparse de los asuntos de sus miembros. No antes.
Lampadia
