Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las declaraciones de ambos candidatos en sus respectivos desayunos electorales ayer hacen abrigar esperanzas de que se quiere pacificar el país luego de esta agresiva confrontación electoral y buscar un clima que permita la colaboración y la gobernabilidad. Los dos han dicho que respetarán los resultados electorales. Además, Keiko Fujimori ha llamado a Pedro Castillo a que “a partir de mañana ambos trabajemos en ese espacio de paz y unidad que todos los peruanos merecemos”, y Pedro Castillo, por su parte, que “hay que llamar a la tranquilidad”.
Es lo que se va a necesitar. Cualquiera fuera el resultado final. Hay que aprender a aceptar la derrota, si es que esta se dio en buena lid. Pero no cabe duda que un eventual gobierno de Pedro Castillo podría ser catastrófico para el Perú. Aun en el supuesto más benigno de que se aplicara un plan económico siguiendo las líneas que ha sugerido Pedro Francke -más moderadas que los anuncios anteriores y que las propuestas del Plan de Cerrón-, y que el tema de la nueva Constitución se canalice por vías constitucionales –sin llamar a una asamblea constituyente-, habrá un cierto daño a la capacidad de recuperación económica lo que, sumado al desengaño de los grupos radicales que llevaron a Castillo, probablemente se traduciría en movilizaciones y protestas contra el gobierno, que podrían llevarlo a recaer en su plan original.
Y ese plan ya sabemos dónde nos conduce. Si quien ganara finalmente fuera Keiko Fujimori, tendría delante de si el desafío de formar un gobierno multipartidario que le asegure una mayoría parlamentaria que, además, esté dispuesta a aprobar las leyes y reformas necesarias para resolver los problemas fundamentales que se hicieron evidentes en la pandemia y que estallaron en el propio proceso electoral –la informalidad y la precariedad de la Salud Pública-, cuya solución ya no se puede soslayar.
Esos problemas son uno solo en el fondo: la exclusión de la mayor parte de los peruanos del Estado en sus dos dimensiones: la formalidad y servicios públicos de calidad. Exclusión legal y social. Un Estado inclusivo debería ser el gran objetivo nacional en los próximos 5 años. Pero eso supone un nuevo pacto social no para cambiar la Constitución sino para cambiar el Estado, lo que implica afectar el statu quo burocrático y alterar algunos paradigmas que han resultado excluyentes.
Se requerirá claridad y convicción para llevar a cabo esas reformas, lo que no está asegurado. Pero lo que sí es seguro es que, por el contrario, un eventual gobierno de Castillo agravaría la naturaleza excluyente del Estado peruano, pues agrandar el papel interventor, sobre regulador y empresarial del Estado no haría sino agravar la informalidad y la mala calidad de los servicios públicos, profundizando la exclusión legal y social.
La sociedad civil deberá estar preparada y atenta para señalar los peligros y tratar de prevenir males mayores. Lampadia
