Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay quienes pretenden relativizar las declaraciones de Karelim López argumentando que supuestamente no se habría reunido con Castillo o que no dijo que Pedro Castillo era el jefe de una organización criminal. Pero el propio Nagasaki ha aclarado en Baella Talks que su patrocinada sí identificó al presidente Pedro Castillo como el cabecilla de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No solo eso, el diario La República transcribe declaraciones de López ante la Fiscalía como la siguiente:
“Sé que la casa de Sarratea era la oficina de Pedro Castillo para recibir a los empresarios, que luego de la reunión salían beneficiados. Sé que allí también se reunió un empresario por tráfico de terrenos, … el mismo día se reunió también la funcionaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales por un tema relacionado a la certificación de terrenos”
Fue Castillo quien designó a su amigo íntimo Juan Silva como ministro de Transportes, para que administrara esa reciprocidad cómplice con quienes habían aportado para la campaña y organizara, con la capacidad operadora de Samir Villaverde y la canalización de demandas de sus sobrinos, consorcios ejecutores de obras para beneficio indebido.
El excelente artículo de Ricardo Uceda en El Comercio no deja duda acerca del papel de Castillo en la designación del gerente general Hugo Chávez en Petroperú, contra la opinión del ex ministro de energía y Minas Iván Merino, que por eso renunció.
Podríamos seguir. Pero a esos hechos hay que agregar la crisis del gabinete Vásquez generada por la incapacidad moral del presidente Castillo, al ponerse del lado del mal en el ministerio del Interior. Para no hablar de la designación del exministro Barrenzuela, abogado de la no erradicación de cocales que van al narcotráfico, o de ministros neosenderistas. El solo hecho de reunirse con un condenado por corrupción como Vladimir Cerrón para planificar su gabinete, basta para plantear causal de vacancia.
Esta se cae de madura, pero tenemos un Congreso demasiado comprometido con intereses particulares coincidentes con los del Ejecutivo. En ese sentido, ha sido una gran noticia la renuncia del ministro Juan Silva a la cartera de Transportes, porque existía el riesgo de que ni siquiera alcanzaran los votos para censurarlo. La bancada de Acción Popular, que ha resultado una vergüenza, había anunciado su abstención.
Es que Silva había montado un esquema de complicidad de intereses con muchos congresistas. Se había reunido con 62 de ellos para asegurarles obras para sus regiones y también, seguramente, contratos para empresas de construcción o de transportes vinculadas a algunos parlamentarios. Porque, así como con Pedro Castillo ha llegado al gobierno esa burguesía provinciana informal que ha crecido en los últimos 30 años en algunos casos asaltando el botín presupuestal de gobiernos subnacionales que recibieron ingentes transferencias para obras sin un control de ciudadanos fiscalizadores que no pagan impuestos en sus gobiernos regionales y locales, así parte de esa misma burguesía ha llegado también al Congreso.
Pero lo que es realmente escandaloso es que haya 5 congresistas de Acción Popular que pudieran haber sido comprados con su participación en consorcios que hacer obras digitadas por una mafia. Este es un asunto que el Congreso y la fiscalía deben investigar a la brevedad para comprobar si es cierto, a fin de desaforar a estos parlamentarios y reemplazarlos por sus accesitarios que ojalá sean de mejor raigambre.
Porque ese tipo de compromisos oscuros son que demoran una vacancia que es ya un clamor de parte importante de la sociedad. A esa complicidad de intereses se suma el gabinete de cuotas que Castillo ha logrado armar, que le aseguran unos 48 votos que lo blindan. Por supuesto, esas cuotas ya deben haber empezado a erosionarse luego de las revelaciones de Karelim López, y deberían terminar de resquebrajarse en los próximos días o semanas conforme aparezcan más evidencias.
Se ha dado trámite en la subcomisión de acusaciones constitucionales a una por traición a la patria, que efectivamente al cabo podría aprobarse en el pleno con solo la mitad más uno del número legal de congresistas, restando los 33 integrantes de la comisión permanente. Pero ese proceso culmina, si se aprueba, en una suspensión, que significa que, si el Poder Judicial lo absuelve, Castillo regresaría a la presidencial. No es una solución.
Este gobierno sencillamente no es viable. Lo más sencillo sería que el presidente renuncie. Por el país. Lampadia
