Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
Entre las polémicas iniciativas puestas en marcha por el presidente Donald Trump, la idea de crear un DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA GUBERNAMENTAL, (el DOGA a cargo de Elon Musk), parece ser una idea digna de imitar y adaptar a nuestra realidad, a la realidad del Perú donde el Estado y la casta política que lo asalta cada 4 años en regiones y municipalidades, cada 5 años en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, dilapidan el dinero que aportamos todos los peruanos.
Los objetivos del DOGA son los siguientes:
- Optimizar los procesos y la tecnología en el Estado
- Recortar el gasto público
- Eliminar regulaciones para reducir el gasto público y la eficiencia gubernamental
- Reestructurar el gobierno para una mayor eficiencia en su desempeño
¿Quién podría estar en desacuerdo con estos objetivos?
Obviamente nadie que tenga un poco de sentido común y quiera a su país.
Estoy seguro de que usted que lee este artículo, desearía que alguien lo ponga en práctica en el Perú donde 12.7 soles de cada 100 soles que gasta el Estado, según cifras conservadoras del propio Estado Peruano para el año 2023, se pierden sólo en corrupción.
Estoy seguro de que usted pediría un DOGA para el Perú, a gritos, si se pusiera a analizar que la ineficiencia del gasto estatal es mucho mayor si agregamos a la pérdida por corrupción, lo que se malgasta en publicidad estatal, en consultorías inútiles, en planillas doradas, en beneficios salariales de los sindicatos estatales como PETROPERU, en puestos de favor desde el Congreso hasta la última municipalidad distrital, en obras sobrevaluadas, en viáticos, en viajes innecesarios, etc.
El Perú necesita un DOGA y una motosierra más grande que la obsequiada por Milei a Musk en la última reunión del CPAC.
Necesita una opción política que nos ofrezca poner límite al dispendio estatal y que concentre el gasto del Estado en lo que es su tarea esencial: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura básica.
Un DOGA PERU, o como se llame, debería tener algunas de estas tareas prioritarias:
- Exigir que las empresas de servicios públicos de agua y electricidad, en manos del Estado, nos provean de servicios las 24 horas del día, despidiendo a sus Directorios si no son capaces de lograrlo. Si el Estado no es capaz de proveer de agua potable, no puede pretender tener mayores roles.
- Exigir que los aeropuertos del país administrados por el Estado, tengan agua potable en sus baños y aire acondicionado en sus salas de espera, despidiendo a su costosa burocracia si no es capaz de proveer algo tan elemental o privatizando la gestión de estos aeropuertos, para que se les pueda exigir a los gestores con multas y sanciones que no se impone el Estado entre sí.
- Revisar la cifra que se gasta anualmente en consultorías y su impacto real en la gestión pública, aun con el grito y malestar de miles de consultores en redes sociales.
- Revisar la cifra de empleados estatales del Estado Peruano. Ciertamente no se necesitan 1.8 millones de empleados estatales y si se necesitan, estos debieran ser policías, enfermeras, médicos, maestros, serenos, funcionarios judiciales entre otros y no asesores, consultores, monitores, inspectores o facilitadores de nada. La cifra de empleados estatales casi se ha duplicado desde que “el Estado retorno” el año 2000.
- Suprimir el gasto estatal en publicidad, como ya se intentó y le costó al Congreso su disolución. El estado con su publicidad, no puede mantener en azul el balance de las empresas de comunicaciones.
- Suspender en funcionales a Alcaldes y Regidores que no concluyan obras en el plazo indicado.
- Investigar, sancionar y procesar a los funcionarios que mal usan la infraestructura pública y pretenden mal utilizar la infraestructura de aeropuertos en funciones como el de Cusco o el de Lima, para beneficiar algún negocio privado o su uso inmobiliario.
- Investigar los endeudamientos que comprometen la estabilidad financiera de las municipalidades, para obras cuya viabilidad a largo plazo es discutible, aun cuando estos municipios hayan recibido premios de los circuitos financieros que facilitan estos préstamos.
- Investigar y recortar el negocio de los “Planes de Desarrollo Urbano”, negocio de un partido político en especial, con el cual no sólo se tugurizan pueblos, ciudades y distritos, sino que se pagan favores políticos y se contratan a amigos y “consultores nacionales”
- Investigar el mal uso de los Certificados de Seguridad en Defensa Civil, que sirven como mecanismo extorsivo para emprendedores y empresas, hasta en los distritos más pintados de la capital.
- Sancionar a distritos, municipalidades y regiones que no pagan a sus acreedores, jubilados, proveedores y que les exigen cupos para pagarles por sentencias judiciales o servicios prestados. Entidades con deudas no deberían tener capacidad de nuevo gasto.
- Sancionar en el MEF y la Comisión de Presupuesto el Congreso, el reparto “discrecional del presupuesto”, donde según algunas autoridades locales, no hay presupuesto, si no hay diezmo. Está situación explica la atomización del presupuesto en obras inútiles y que no se paguen a los acreedores del Estado, inflando la deuda interna.
La estupidez política global, y la nacional, ha llegado a tal punto, que hasta la prensa más lúcida cuestiona la idea de que se busque eficiencia estatal, control del gasto público y fin al dispendio. Es hora de que alguno de nuestros partidos no se sume al lugar común en el que vivimos desde hace 25 años y nos proponga, con sinceridad e inteligencia, un trabajo de reestructuración del Estado y de recorte del gasto público.
¿Alguno de ellos levantará la motosierra? Lampadia
