Que puedan procesar requerimientos de la Policía contra las extorsiones
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello ha revelado que las unidades de flagrancia han procesado 29 mil casos resolviendo un 91.1% dentro del plazo establecido.
Es decir, se ha sentenciado en menos de 72 horas procesos que duran 20 meses o más en la justicia ordinaria.
Lo que significa que las unidades de flagrancia, en las que trabajan juntos policías, fiscales y jueces, son un éxito extraordinario que tiene que ser potenciado.
Pero para eso se requiere presupuesto.
Hay 30 unidades de flagrancia en 26 distritos judiciales y al término del 2025 habrá 38 unidades en 34 cortes.
Pero de esas 38, solo 15 cuentan con jueces a dedicación exclusiva por falta de recursos y la mayor parte no cuenta con fiscales a dedicación exclusiva debido en este caso a la falta de compromiso del Ministerio Público que, según fuentes, destinó el presupuesto que recibió el 2024 para ese fin a contratar fiscales penales en otras unidades, acaso malversando fondos.
Esto pese a que la ley del Sistema de Flagrancia obliga al Ministerio Público. El Congreso debería fiscalizar la aplicación de la ley y sancionar incumplimientos.
En todo caso, pese a todo, el sistema funciona. Funcionaría mucho mejor si estuviera completo. Por ejemplo, solo la unidad de flagrancia de Lambayeque cuenta con laboratorio de criminalística, aunque se supone que a mediados de diciembre 10 unidades, las de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima Este, Lima Norte, Lima Centro, Arequipa y Cusco tendrán también un laboratorio instalado, lo que sería una gran noticia.
La policía se ha demorado tres años en comprar los equipos porque tiene un problema de gestión ante procesos de adquisición largos, y devuelven presupuestos a fin de año.
Deberían contratar gerentes públicos de SERVIR para gestionar mejor y deberían simplificarse o flexibilizarse esos procesos con control concurrente de la Contraloría, porque, tal como señala Edman Rodríguez, secretario Técnico del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, es urgente habilitar laboratorios además en las unidades de Lima Sur, Puente Piedra, Callao, Ventanilla, Tacna, Ica, Santa y Sullana, poblaciones en las que existe elevada incidencia delictiva.
Estos laboratorios básicos incluyen química forense, toxicología, biología forense, medios para recoger información escena del crimen, balística forense e identificación (dactilar). Cada uno cuesta 23 millones de soles. Se está pidiendo un presupuesto de 400 millones de soles para habilitar esos laboratorios y completar personal a dedicación exclusiva. El gobierno tiene que priorizar ese gasto recortando presupuesto de otros sectores. También es cierto que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen un presupuesto de inversión que han gastado muy poco.[1] Debería verse la manera de reorientar parte de ese dinero a las unidades de flagrancia. Se necesita mucha mayor agilidad administrativa ante el avance de la criminalidad.
Y hay algo adicional:
Esas unidades de flagrancia deberían servir también para procesar de manera inmediata los pedidos de la policía en la lucha contra las extorsiones: allanamientos, prisión preventiva e información a las operadoras telefónicas, pues el problema es que los jueces se demoran semanas o meses en procesar esos requerimientos y la oportunidad de pierde.
Si es necesario, esto debería incluirse en las facultades delegadas. Estamos a tiempo. Lampadia
[1] Ver en Lampadia: Tienen plata pero no pueden gastar – Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial
