Indolencia punible
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las extorsiones siguen aumentando. El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal ha revelado que, en los 5 primeros meses del año 2025, las denuncias registradas por extorsión son mayores en más del 20% que las realizadas en el mismo período del año 2024. Es lo que muestra en el siguiente gráfico construido por él a partir de los datos del Sistema informático de Denuncias Policiales (SIDPOL):
¿Por qué siguen aumentando las extorsiones? Muy simple: porque no se detiene a los extorsionadores. ¿Y por qué no se los detiene?
Ya lo hemos explicado en artículos anteriores, pero no se hace nada. No se los detiene por la sencilla razón de que los jueces se demoran mucho en autorizar a las operadoras telefónicas a dar la información del IP del celular extorsionador a la policía, y se pierde entonces la oportunidad para detenerlos, porque se esfuman o cambian de celular o de chip.
Frente a esto hay tres alternativas:
- El gobierno llama a las operadoras y las conmina a entregar la información del IP (nombre del titular, historial de llamadas, ubicación) a la policía sin esperar autorización del juez porque esa información no entraña violación del secreto de las comunicaciones, que es el bien jurídico protegido. El secreto de las comunicaciones se refiere al contenido de los mensajes, no al nombre del dueño del celular o con qué números telefónicos se ha comunicado.
- Si el gobierno no se atreve a llamar a las operadoras a inducirlas a entregar la información, entonces lo que debe hacer desde la Secretaría de Gobierno Digital es instalar una plataforma de interoperabilidad para conectar 24/7 a policías, fiscales y jueces a fin de que el juez autorice de manera inmediata cuando recibe un requerimiento de la policía. Esto requiere voluntad política y liderazgo de parte del Premier para persuadir al Ministerio Público y al Poder Judicial de integrarse en esa plataforma. O para que, como mínimo, se instale una mesa presencial permanente a dedicación exclusiva con esos mismos actores para dicho fin. Es un asunto de liderazgo y de gestión.
- Ahora bien, si el gobierno no es capaz ni siquiera de hacer esto -como de hecho no lo viene haciendo-, entonces el Congreso debería aprobar una ley precisando que no se requiere autorización del juez para que las empresas operadoras entreguen la información del IP a la policía. Así podrían hacerlo de manera inmediata.
A ver si el gobierno se mueve. No podemos seguir permitiendo que cierren negocios o asesinen a choferes, empresarios o dirigentes de construcción civil. ¡Acción ahora, antes de que sea demasiado tarde!
Lampadia
