Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las bancadas de izquierda en el Congreso rechazaron entregar facultades para facilitar las formalización laboral y empresarial y el empleo juvenil. El argumento es el de siempre: se va a recortar los derechos laborales y precarizar el trabajo.

Es un argumento hipócrita, cínico y falaz. La gran mayoría de los trabajadores del Perú carece de todo derecho laboral.
De lo que se trataba era justamente de abrir el sistema para que los marginados puedan acceder a derechos laborales.
Lo hemos dicho muchas veces: la principal injusticia estructural en el Perú es la exclusión de la mayor parte de los peruanos de la formalidad legal.
No es posible que tengamos dos tipos de ciudadanos: unos integrados al sistema legal, con beneficios laborales y la capacidad de beneficiarse de las ventajas del sistema como el crédito formal y la posibilidad de asociarse para formar capital, y la mayor parte fuera de un sistema que los expulsa porque no pueden cumplir con costos de las regulaciones y obligaciones que se exigen.
Lo increíble es que es la izquierda la que defiende este sistema profundamente injusto y excluyente. No le interesa agravar la desigualdad con tal defender los privilegios -porque eso es lo que son si solo unos pocos pueden disfrutarlos- de una minoría.
Las causas son ideológicas, clientelistas y crematísticas.
Ideológicas porque parten del prejuicio de que los capitalistas son malos, de la creencia precapitalista de que la economía es un juego de suma cero: lo que ganan los dueños del capital se lo quitan a los trabajadores y a la sociedad. Entonces cualquier “concesión” en el terreno de las normas laborales es entregar plusvalía al capitalista.
Cuando en una economía de mercado no existe el juego de suma cero: una empresa no puede crecer si los consumidores no tienen más ingresos para comprar. Todos crecen. A mayor capital, mejores salarios.
La verdad, sin embargo, es que a estas alturas no es posible que las dirigencias sindicales y políticas no entiendan las reglas de la oferta y la demanda. Saben perfectamente que si la legislación laboral fuese menos costosa y más flexible, habría más inversión y más empleo formal, más demanda de trabajadores formales, y por lo tanto las remuneraciones subirían, como ha ocurrido en todos los países capitalistas desarrollados y más cercanamente en el tiempo en el sudeste asiático.
Lo saben, pero lo que pasa es que se benefician con ese statu quo laboral y regulatorio. En efecto, los únicos que se benefician con este sistema estéril e inequitativo son las dirigencias sindicales que disfrutan de licencias sindicales pagadas y se aferran a su pequeña parcela de poder. Las razones son crematísticas. Solo les interesa su propio beneficio particular, a costa de la integración de las mayorías.
Y los políticos y congresistas de izquierda también entienden el tema, pero hacen clientelismo con las organizaciones sindicales asegurándoles sus privilegios excluyentes, pensando que así conseguirán su respaldo electoral aunque sea a costa de levantar aún más el muro que impide el acceso de las mayorías informales.
Lo increíble es que en el pedido de facultades el gobierno ni siquiera estaba buscando retirar o recortar los llamados derechos laborales. Planteaba regular una escalas laborales y tributarias graduales y progresivas para permitir que las microempresas puedan crecer en la formalidad sin saltos mortales, y un esquema que fomentara el empleo juvenil.
Los partidos de derecha deberían prometer claramente más derechos y mejores remuneraciones para todos. Y las reformas que se requiere para eso.
Lampadia






