El Comercio, 16 de octubre del 2026
Sebastián Ortiz Martínez
Durante cinco años, las que procesen más de 25 toneladas diarias estarían supervisadas por órganos del Estado. Expertos advierten que abrir cuentas en el Banco de la Nación a mineros informales podría facilitar el lavado de oro ilegal. Viceministra niega un Reinfo encubierto.
A dos meses y medio de que venza el Reinfo, el gobierno de Keiko Fujimori alista su proyecto de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE). En él, el Ministerio de Energía y Minas propone fiscalizar directamente las plantas de beneficio y fija un plazo de formalización de 18 meses.
Según la sétima disposición complementaria del texto, al que accedió El Comercio, durante cinco años las plantas que procesen más de 25 toneladas diarias, tanto del régimen ordinario como del de consolidación, serán supervisadas por el OEFA en lo ambiental, por el Osinergmin en seguridad e infraestructura y por la Sunafil en lo sociolaboral.
“El OEFA no fiscaliza la actividad de la pequeña minería ni a la minería artesanal. Tampoco el Osinergmin ni la Sunafil”, explicó la viceministra de Minas, Mayra Figueroa.
Para Iván Arenas, experto en minería, la medida “es un avance”, pues las plantas de hasta 350 toneladas diarias eran vigiladas por los gobiernos regionales. “Eso era una coladera, en esas plantas no ingresaban 350 toneladas de mineral, sino más. Ahora se va a cambiar, y va a ser 25 toneladas”, señaló.
El abogado ambientalista César Ipenza precisó que, desde el 2012, el Decreto Legislativo 1100 ya faculta a estas entidades a fiscalizar unidades mineras, aunque el proyecto es más específico sobre las plantas, por donde suele entrar oro ilegal que sale como legal. Sostuvo que el OEFA “debe asumir competencia inmediata”.
—Riesgo bancario—
Ambos expertos ven, sin embargo, riesgos en el proyecto, como la autorización al Banco de la Nación para abrir cuentas a mineros formalizados y en proceso de formalización. “Si el nuevo sistema de trazabilidad no funciona, sí, existe un riesgo, por ahí podría colarse [dinero de origen ilegal]”, sostuvo Arenas.
Ipenza consideró un error abrir el sistema bancario a los informales cuando los mecanismos de trazabilidad aún no están instalados. “Esto podría terminar en lavado de dinero […]. Una vez que el dinero ingrese al Banco de la Nación, [los mineros informales] pueden pasarlo a otros bancos”, advirtió.
Figueroa respondió que el proyecto faculta al banco a identificar a quien deposita y a acceder al sistema de trazabilidad del sector. “Lo que nosotros queremos es transparentar el movimiento [de dinero] de los mineros”, declaró a este Diario.
—¿Otro Reinfo?—
El proyecto crea dos regímenes: uno ordinario y permanente para los formalizados, y otro excepcional de “consolidación”, solo para los inscritos en el Reinfo, vigentes o suspendidos, que tendrán 18 meses para formalizarse. Figueroa rechazó que sea un Reinfo encubierto: “No estamos abriendo la puerta a una nueva ampliación”.
Ipenza discrepa. A su juicio, el Ejecutivo solo le cambia el nombre y da a los mineros “un año y medio más para que sigan operando en la impunidad”. Arenas cuestionó que no se derogue la exención de responsabilidad penal, lo que impediría a la fiscalía ambiental procesar a quienes contaminen.
El proyecto también permite regular el uso de explosivos y da al INEI 12 meses para concluir el censo del sector. La iniciativa será evaluada por la Co misión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.
