Entrevista a Alfredo Torres
Perú21,15 de octubre del 2026
Oscar Quispe
El presidente Ejecutivo de Ipsos explica que los peruanos tienen una demanda mayoritaria por la cooperación entre el gobierno central y las nuevas autoridades regionales.
El presidente Ejecutivo de Ipsos Alfredo Torres explica los números de la última encuesta publicada en Perú21. Advierte que el antivoto de López Aliaga es alto y sugiere que los gobernadores regionales sean puestos en la lupa del Congreso.
La nueva encuesta de Ipsos nos trae una pregunta interesante: el 57% votaría por Avanza País para la alcaldía de Lima si hubiera una segunda vuelta. Francis Allison arrasaría prácticamente.
Lo que ha ocurrido con López Aliaga es que, a lo largo de su trayectoria política, ha generado una fuerte polarización. Esto tiene la ventaja de cohesionar a su electorado, pero también produce un alto nivel de rechazo. Había muchas personas que no querían que fuera alcalde y, por eso, al final se produjo un traslado de votos de candidatos chicos e indecisos hacia Allison. En esta hipótesis de segunda vuelta, dado que ninguno habría superado el 30% exigido por la ley de gobiernos regionales, la gran mayoría votaría por Allison, principalmente porque López Aliaga tiene un elevado antivoto.
Partidos como Somos Perú, APP y Podemos Perú no tuvieron buen desempeño en la elección general, pero sí en la regional, donde aseguraron entre dos y tres gobiernos regionales y avanzaron a segundas vueltas. ¿Qué nos revela ese contraste?
El Perú se ha convertido en un archipiélago político, donde ningún partido tiene una fuerza predominante. Los grandes perdedores son, precisamente, las agrupaciones que ganaron las elecciones presidenciales y parlamentarias, ya que ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú tendrían más de un gobernador regional, en el mejor de los casos. También resulta sorprendente que algunos partidos que, en realidad, funcionan más como cascarones electorales hayan obtenido triunfos. Esto responde a un adecuado proceso de selección de candidatos con potencial electoral. El voto ha sido por las personas, no por partidos ni por ideas. Además, los partidos que han obtenido mejores resultados en estas elecciones, como Somos Perú, APP y Podemos, perderán su inscripción a fin de año. Si desean seguir participando en política, deberán reinscribirse. Entre los partidos con representación en el Congreso, el único que ha logrado un resultado relativamente destacable es Ahora Nación, que ganó en un par de regiones y tiene posibilidades en otras, de cara a una segunda vuelta. El resto no ha conseguido victorias relevantes.
En Perú21 destacamos que Libertad Popular ganó en Ayacucho, una región que suele asociarse a posiciones políticas alejadas de Lima. ¿Cómo se explica el triunfo de un partido liberal en esta región?
Libertad Popular es otro de los partidos que perderá su inscripción. En Ayacucho ganó un candidato con trayectoria, a quien perciben como un buen gestor y de quien esperan una gestión eficiente. No creo que se trate de un voto ideológico, sino de un voto pragmático. En las elecciones regionales no se vota necesariamente por una determinada posición ideológica, sino por la persona que consideran más capacitada. En general, los electores votan con desconfianza y escepticismo debido a la corrupción. Sin embargo, en algunos casos mantienen la esperanza de que un candidato pueda hacer las cosas mejor.
Al preguntar por los principales problemas de los gobiernos regionales, encontramos un denominador común en todo el país: la corrupción y la falta de capacidad de gestión. ¿Qué tendría que pasar para que la corrupción deje de ser un problema recurrente en las regiones?
La corrupción y el clientelismo son problemas gravísimos. Muchos candidatos postulan o son elegidos para defender intereses particulares, ya sea para enriquecerse o para atender a sectores como la minería ilegal. La corrupción, sumada a la falta de capacidad de los funcionarios, ha generado un récord de obras inconclusas, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La población tiene claro que los gobiernos regionales deben construir escuelas, hospitales y carreteras. Cuando esas tareas se hacen mal, la gente sospecha de corrupción o de incapacidad técnica.
Llama la atención que la falta de recursos económicos no aparezca entre los principales problemas de los gobiernos regionales. La percepción parece ser que sí hay recursos, pero falta la capacidad para ejecutarlos.
Esa es la tragedia de las regiones. Hay plata de muchas fuentes gracias al desarrollo de la minería, el agro y la pesca, pero hay obras inconclusas. Además, el dinero se usa para llenar los gobiernos regionales de funcionarios que ingresan por razones políticas, algo que a la gente le mortifica mucho.
Esto nos lleva a otro tema: los gobernadores que terminan no superan el 30% de aprobación.
Si hubiera reelección, la mayoría no sería reelegido. Por otro lado, los ciudadanos sienten que sus autoridades no son supervisadas y demandan que el Parlamento tenga un rol fiscalizador sobre las gobernaciones.
En el Congreso pasado se intentó que los gobernadores también sean interpelados, pero no se llegó a un acuerdo sobre la sanción.
Al ser autoridades electas, no pueden ser censurados, pero sí deberían rendir cuentas. Me parece que los gobernadores regionales deberían acudir al Congreso, ser interpelados y que esto eventualmente se refleje en decisiones como el presupuesto que se les asigna desde el gobierno central. Hay una clara demanda ciudadana para que el Congreso fiscalice a las autoridades regionales.
Hace unas semanas, durante la campaña en Cusco, Verónika Mendoza señaló que, de ganar, la región se convertiría en un “bastión de resistencia” frente al gobierno nacional. ¿Qué opinión le merece esa propuesta?
Me parece que está muy equivocada porque no es lo que la gente espera. La gente quiere que los gobiernos regionales y el gobierno nacional cooperen para lograr el desarrollo de su región (inversión, mejoras en educación, salud y agua). No esperan una discusión política, ideológica o actitudes de oposición.
El Jurado Electoral de Cusco excluyó a un candidato horas antes de la elección regional y decidió que sus votos serían anulados. Esto le da una mano a Venceremos de Mendoza para ganar en primera vuelta.
Es grave lo que mencionas. En la víspera de la elección se excluyó a un candidato que finalmente obtuvo alrededor del 9% de los votos. Si ese resultado hubiera formado parte del cómputo total, la candidata de Venceremos no habría alcanzado el 30%, sino poco más del 20%. Por lo tanto, de todas maneras, habría sido necesaria una segunda vuelta. Y, en cualquier caso, ya sea que haya obtenido el 25% o el 30%, la mayoría de los ciudadanos de su región no votó por ella. Además, existe una demanda de los cusqueños que coincide con la del resto del país, que haya cooperación con el gobierno nacional. Lo que no puede ocurrir es que se adopte una posición de confrontación o se pretenda sostener, por ejemplo, que Machu Picchu pertenece únicamente a los cusqueños y no al conjunto de los peruanos.
Si se quiere convertir al Cusco en un bastión de resistencia, los funcionarios que se lleven al gobierno regional serán de esa misma línea ideológica.
Ambos problemas están estrechamente relacionados. En lugar de seleccionar funcionarios por mérito, se contrata a personas cercanas al partido por razones políticas o clientelistas. Eso no responde al servicio de la ciudadanía, sino a un manejo político de funciones que deberían estar orientadas al servicio público.
Ipsos también preguntó cuáles deberían ser las tres principales prioridades de los gobiernos regionales en los próximos 5 años. La gente pide mejor educación, salud y desarrollo económico.
Su responsabilidad directa está en la infraestructura educativa y hospitalaria. No puede ser que haya colegios sin agua o servicios sanitarios, ni hospitales con equipos malogrados. Esa es una responsabilidad de los gobiernos regionales. Las políticas de educación y salud son nacionales, pero la gestión de los recursos y de los servicios depende de los gobiernos regionales. Que una posta médica atienda las 24 horas o solo medio día, por ejemplo, es una decisión que les corresponde.
¿Cree que los ministros de Educación y Salud tienen hoy la capacidad de coordinar eficazmente con los gobiernos regionales?
El ministro de Educación conoce bien el sector, mientras que el de Salud parece tener una sólida experiencia en gestión y capacidad de ejecución. Algunos gobiernos regionales aprovecharán esta oportunidad para tender puentes con el Ejecutivo; otros preferirán aislarse o hacer oposición, perdiendo una relación constructiva con el Gobierno. Los resultados los sentirá la población de cada región.
La encuesta de Ipsos muestra un amplio respaldo a la inversión privada, las alianzas público-privadas y las obras por impuestos: una obra que habría demorado años bajo gestión pública se ejecuta mucho más rápido mediante ese mecanismo. ¿Existe una demanda ciudadana por replicar este modelo en otras regiones?
Cuando una obra es ejecutada por el sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos, suele avanzar con mucha mayor rapidez; en cambio, desde el Estado muchas veces se retrasa o queda paralizada. La mayoría de la población respalda este tipo de iniciativas porque las asocian con más obras y mayor inversión. Además, no existen diferencias significativas en el nivel de apoyo entre modalidades como la inversión privada directa, las obras por impuestos, los servicios por impuestos o las asociaciones público-privadas. Todas cuentan con el respaldo de aproximadamente dos de cada tres ciudadanos.
Después de 25 años de regionalización, ¿viene funcionando?
No, claramente no ha sido lo que esperábamos. La descentralización se implementó de manera apresurada, transfiriendo poderes sin desarrollar las capacidades necesarias. Tampoco hubo un esfuerzo por impulsar las macrorregiones, que eran la alternativa más razonable. Por eso hoy vemos conflictos por recursos como el agua entre regiones vecinas. Es un tema complejo que sigue pendiente. Sin embargo, la elección de nuevas autoridades abre la posibilidad de que algunas se conviertan en ejemplos de buena gestión, trabajando en conjunto con el gobierno central, la ciudadanía y la inversión privada.
