Domingo García Belaunde
Perú21, 1 de octubre del 2026
«Lo tercero es la creación del Ministerio Público como órgano autónomo, precisamente para agilizar el lado penal de la justicia».
Si revisamos la legislación de los últimos años, podemos constatar que una de nuestras grandes preocupaciones ha sido la marcha del Poder Judicial, y esto desde la década de 1960 en adelante, con la serie de reformas que se acometieron desde entonces. Y que en su larga historia tiene de todo: épocas muy buenas, y otras no tanto.
Aquí quiero recordar la reorganización que el Gobierno militar llevó a cabo en diciembre de 1969, en donde fueron echados de sus cargos unos dos mil magistrados, en acto casi sin precedentes. Y que además fue ruidosamente aplaudido, especialmente por los abogados.
Lo segundo es el debate constituyente de 1978-1979, en donde se dijo en todos los tonos que el Poder Judicial no servía. Como fruto de ese empeño, se incorporaron en esa Carta, el derecho a criticar las resoluciones judiciales – dato que se le escapó a la criteriosa presidenta del Poder Judicial, al pedir a la presidenta Fujimori que se retracte de sus críticas formuladas hace unos días en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Lo tercero es la creación del Ministerio Público como órgano autónomo, precisamente para agilizar el lado penal de la justicia. Y finalmente, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, para contar con un órgano que protegiese al ciudadano de los abusos del Poder Judicial, con jueces inútiles y politizados. Quien sustentó la ponencia fue Javier Valle Riestra, que no escatimó críticas a los jueces en los términos más duros, como puede verse en los debates y en diversas publicaciones suyas. Este Tribunal, antecesor del actual Tribunal Constitucional, se instaló en Arequipa en noviembre de 1982. Y ha servido, con alzas y bajas, para enmendar estropicios judiciales.
Es importante tener presente que el catálogo de derechos fundamentales contempla el derecho de opinión y la crítica de las resoluciones judiciales, elevadas a rango constitucional en 1979 y reiterados en la actual Carta. Tanto más necesario cuando se dan numerosos casos de jueces y fiscales que se especializan en maltratar a los investigados y al final no pasa nada.
Estoy pensando por eso que la presidenta Fujimori no tiene por qué hacer nada. Y más bien pedir a la presidenta del Poder Judicial que pida perdón públicamente por los excesos, desbordes y dislates que se han cometido contra miles de personas que tuvieron el error de pensar que el Poder Judicial funciona. Amén.
