Ian Vásquez
El Comercio, 8 de setiembre del 2026
“El costo de la campaña antiterrorista también se ha pagado en términos de vidas y de violaciones de los derechos civiles”.
Cuando terroristas islámicos atacaron a Estados Unidos el 11 de setiembre del 2001, el presidente George Bush inició la guerra global contra el terror para combatir el problema en sus raíces. Como es comprensible, el pueblo estadounidense apoyó esa campaña.
El ataque terrorista generó una opinión ampliamente compartida de que todo había cambiado: el terrorismo se volvería una realidad en EE.UU. y el pueblo estadounidense tendría que vivir con un Estado que necesariamente adquiriría mayores poderes.
En el 2002, el reconocido politólogo John Mueller escribió un ensayo que cuestionaba esa tesis. Quizá lo del 11 de setiembre era una anomalía, no un presagio, y Estados Unidos volvería a la normalidad respecto a la incidencia del terrorismo. Mueller advirtió contra el alarmismo y sobre la dificultad de que los políticos tratarían el tema de manera responsable.
El mensaje de Mueller no fue popular. El tiempo, sin embargo, le ha dado mucha más razón a él que a quienes ejecutaron la guerra global contra el terror durante varios gobiernos estadounidenses. Esa guerra, según la Universidad de Brown, le ha costado un monto fenomenal a Estados Unidos: US$8 billones (millones de millones).
¿En qué se ha gastado esa fortuna? En guerras en Iraq, Afganistán y otros países, y en una infraestructura de seguridad que, además, incurre en vigilancia de los propios estadounidenses. El costo de la campaña antiterrorista también se ha pagado en términos de vidas y de violaciones de los derechos civiles.
Un reporte del experto Justin Logan de hace cinco años hace un balance de la política expansiva contra el terrorismo y cómo ha afectado la política exterior de EE.UU. Logan dice: “La guerra de Iraq se convirtió de inmediato en un desastre que supuso un enorme costo. La misión en Afganistán pasó progresivamente de acabar con los terroristas y castigar a quienes les daban cobijo a un ambicioso proyecto de construcción de nación que se convirtió en la guerra más larga de la historia de Estados Unidos”.
Se crearon agencias nuevas como el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. La Agencia de Seguridad Nacional espió las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses de manera ilegal y se crearon lugares secretos alrededor del mundo donde se torturó a quienes sospechaban de terrorismo.
Obama y Trump (en su primer mandato) intervinieron en Medio Oriente. Obama libró una guerra en Libia sin autorización del Congreso para cambiar el régimen, y autorizó ataques de drones o misiles en siete países que mataron a miles de personas (cientos eran inocentes). Trump siguió esa política.
En el 2011, Obama ordenó un ataque de dron en Yemen para asesinar a Anwar al-Awlaki, un ciudadano estadounidense. Al-Awlaki sin duda fue una persona reprensible, pero su matanza sin debido proceso fue condenada con razón como un asesinato extrajudicial. No obstante, los abogados de la Casa Blanca argumentaron que Obama podía ejercer tal poder. Los ataques de drones en el Caribe que ha autorizado Trump desafortunadamente tienen precedentes.
De hecho, buena parte del poder ejecutivo sobredimensionado del que goza Trump le precede; mucho se debe a la guerra global contra el terrorismo y puede explicar en parte la continuada obsesión con Medio Oriente, como lo evidencia la guerra contra Irán.
En el 2018, Mueller calculó que “la probabilidad de que un estadounidense muera a manos de un terrorista […] en Estados Unidos en el último medio siglo es de aproximadamente una entre cuatro millones al año. En el período desde el 2001 [… es] algo así como una entre cincuenta millones al año”. Lo que siguió a los ataques del 11 de setiembre fue, según Logan, “un despilfarro costoso sin que nadie rinda cuentas por ello”.
