María Cecilia Villegas
El Comercio, 15 de junio del 2026
“La enorme corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son solo un reflejo de la debilidad del sistema”.
Cuando Lucía tenía 8 años, su padrastro comenzó a abusar de ella. No pasaría mucho tiempo antes de que unos familiares la dejaron en un campamento de tala ilegal al norte del río Ucayali para que trabajara en un bar. Era una niña y estaba obligada a prostituirse para atraer más clientes y tenerlos contentos. A cambio de ello, los dueños del bar le mandaban una mensualidad al padrastro. Pero Lucía no se quedaría tranquila. En cuanto pudo, aprovechó un descuido y escapó. Caería luego en otra red de prostitución infantil vinculada esta vez al tráfico de drogas, de la que también escaparía años más tarde con suficiente información que ayudaría a demostrar cómo las economías ilegales en la Amazonía están integradas por policías en actividad, jueces y fiscales que los ayudan a mantenerse en la impunidad. Pero Lucía fue asesinada, y su cuerpo, dejado en plena vía pública como una advertencia.
Historias como la de Lucía se encuentran en todo el país. Mafias que operan impunemente. Policías, jueces y fiscales que se enriquecen indebidamente, y una población abandonada a su suerte donde la palabra ‘justicia’ no tiene ningún significado. Hace unas semanas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Loreto dejó en libertad a tres implicados en el Caso Frontera Libre, donde la Fiscalía de Loreto pedía 17 años de prisión para dos policías de la división antidrogas y 16 años para cuatro narcotraficantes. La sentencia estaba programada para unos días después de la liberación y había suficientes pruebas para que el Poder Judicial los condenara.
Cuando el sistema de justicia no funciona, cuando los administradores de justicia no entienden de leyes y el Estado de derecho deja de importar, cuando no se considera principios como la celeridad y la protección de la víctima, se genera un incentivo perverso. Un delincuente que sabe que no enfrentará consecuencias, seguirá delinquiendo. Esa es la lógica brutal de la impunidad. Y, en el Perú, esa lógica se repite cada día.
No se trata de la incapacidad de un sistema con poco presupuesto. Los jueces y fiscales no están adecuadamente capacitados. No hemos logrado atraer a los graduados con honores de las mejores escuelas de leyes del país. Este es un gravísimo problema, porque ¿cómo confiar en un sistema de justicia plagado de mediocridad, desconocimiento, falta de integridad y corrupción? El 40% de los jueces en el Perú es provisional, es decir, sus puestos son temporales, lo que los hace vulnerables a presiones políticas y administrativas, pero también a la presión de mafias y delincuentes.
La enorme corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público es solo un reflejo de la debilidad del sistema. El abuso de las prisiones preventivas y la demora procesal son dos de las violaciones a la seguridad jurídica que enfrentamos. Porque justicia que abusa y que tarda no es justicia. Justicia que se vende al mejor postor, por dinero o cercanía política, tampoco.
Una de las primeras reformas que deberíamos exigir al nuevo gobierno es la del sector justicia, porque como Fujimori sabe bien, el sistema judicial arrastra décadas de abusos. Sin un Poder Judicial confiable, cualquier otra reforma política o económica pierde sustento, pues los ciudadanos carecen de garantías de que sus derechos serán protegidos y que las reglas se aplicarán de manera justa. No podemos luchar contra las economías ilegales que están capturando el país ni contra las redes de corrupción con un sistema de justicia como el peruano.
