Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director/Fundador de Lampadia
Con el apoyo de amigos de Lampadia, hemos solicitado a Datum un estudio sobre el pensamiento políticos de los peruanos.
Líneas abajo compartimos la primera parte de los resultados:
Los tres principales problemas de la política son:
La corrupción de los funcionarios públicos (62.7%)
Ineficiencia del Estado para resolver problemas (34.7%)
Mal desempeño de los políticos (33.0%)
Una clara condena popular a nuestros gobiernos, en Lima y en las regiones.
Esto llama, sin demoras ni tutías, a una profunda reforma del Estado.
No llama, como predican nuestras destructivas izquierdas, al cambio del capítulo económico de la Constitución.
Todos podemos verificar, que a pesar del fracaso del Estado, el Perú, ese brioso país, gracias al empeño de nuestras gentes y nuestras capacidades productivas, resiste y crece.

A pesar de toda la campaña anti empresarial de los últimos 15 años, recogida en los principales medios de comunicación del país, y a la notoria ausencia de los gremios empresariales en el debate nacional, el 54% de los peruanos considera que el impacto de la inversión privada en el país es positivo. Especialmente así, por los jóvenes.

Igualmente, el 78% de los peruanos realza el rol de la inversión privada en el país. El 34.2% como generador de empleo de calidad, el 22.3% como principal motor del crecimiento y el 21.4% por invertir siempre en el país.

Los ciudadanos (75.2%) reconocen que las empresas privada son las mayores generadoras de empleo.

Así mismo el 83.7% de los peruanos considera necesario que el Estado impulse el desarrollo de las actividades productivas.
Pero, lamentablemente, muchas autoridades, especialmente gobernadores y alcaldes, asumen un rol obstructivo de las actividades empresariales. En vez de facilitar los emprendimientos de empresas y ciudadanos, los acosan con regulaciones absurdas, coimas y cierres coercitivos.

En cuanto a las exportaciones, el 62.9% considera que han beneficiado al país.

En cuanto a la minería informal, el 38.9% considera que perjudica la economía familiar.

Y el 63.1% considera que afecta a la población y a las comunidades cercanas a sus operaciones, especialmente en el Sur.


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