IPE
El Comercio, 10 de mayo del 2026
SEGURIDAD. Los planes de los candidatos presidenciales no atienden las principales debilidades del sistema de seguridad, aun cuando es el principal problema ciudadano y su costo sobre la economía superaría el 2% del PBI.
La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos. Incluso entre los países donde esta encabeza las preocupaciones ciudadanas, el Perú registra la mayor proporción: 70% de la población lo señala como su principal inquietud. Este deterioro ocurre en un contexto en el que las denuncias mensuales por extorsión se multiplicaron por diez en los últimos cinco años. Pese a ello, las propuestas de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) no abordan integralmente las principales debilidades del sistema de seguridad, tales como las limitaciones operativas de la PNP, la baja articulación institucional y la crisis del sistema penitenciario.
Policía Debilitada
Una primera limitación para enfrentar la inseguridad es la debilidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). En un contexto de mayor criminalidad, los recursos disponibles para combatir el delito se han reducido: el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) para el 2026 cayó 10% en términos reales y se ubica en su nivel más bajo de la última década. Esto restringe su capacidad para mejorar la infraestructura, renovar el equipamiento y ampliar las herramientas básicas del trabajo policial.
Estas limitaciones se reflejan en las comisarías básicas, primera unidad de atención de la PNP frente a delitos y emergencias. Según el Mininter, en el 2020 poco más de la mitad de estas en el ámbito nacional contaba con acceso adecuado a agua, electricidad y desagüe. Hacia el 2024, esta proporción se mantuvo estancada. La brecha se amplía a nivel regional: en Loreto, apenas 9% de las comisarías cuenta con estos servicios. A pesar de estas deficiencias, solo FP plantea reforzar la infraestructura policial a través de la construcción de comisarías “sostenibles”; sin embargo, no especifica en qué consisten.
El rezago también se observa en conectividad, clave para una respuesta policial oportuna. Según la Defensoría del Pueblo, 26% de las comisarías no cuenta con acceso a internet. Además, solo 21% tiene radios de comunicaciones y acceso al sistema Tetra, que permite conocer vía GPS la ubicación de vehículos y personal policial. Estas carencias limitan la coordinación operativa, reducen la capacidad de respuesta y dificultan el despliegue eficiente de los recursos en el territorio. Pese a ello, solo FP plantea medidas para reducir estas brechas: propone modernizar 200 comisarías (15% del total). En contraste, ni JPP ni RP incluyen medidas sobre el tema.
Fortalecer a la PNP también requiere mejorar sus capacidades profesionales y recuperar la confianza ciudadana, que se encuentra en su nivel más bajo desde que se tiene registro (13%). Más aún, en regiones como Puno (4%), Madre de Dios (7%) y La Libertad (10%), con alta presencia de minería ilegal y mayor ratio de homicidios, esta confianza es aún menor.
En esa línea, los tres partidos incluyen propuestas orientadas a la formación policial, aunque con distintos énfasis. Por un lado, FP plantea profesionalizar a la PNP en líneas de seguridad e investigación mediante la formación universitaria y convenios internacionales. Por su parte, JPP propone una reforma estructural de la institución y el fortalecimiento de la Escuela de Policía. Finalmente, RP plantea crear el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía e incorporar directamente a los licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP.
Fallas de articulación
La limitada articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial es uno de los principales cuellos de botella en la lucha contra la criminalidad. Además, las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia se traducen en una significativa brecha de impunidad: durante el primer trimestre del 2026, se registraron 5.966 denuncias por extorsión, pero en ese período solo se sentenció a 101 personas por ese delito, según el Poder Judicial. Así, en promedio, por cada 60 denuncias solo se está obteniendo una condena.
Ante esta situación, FP propone fortalecer las unidades de flagrancia, que agrupan en un solo espacio físico a la policía y las entidades de justicia para procesar delitos en plazos cortos. Al cierre del 2025, las 38 unidades existentes recibieron 32 mil denuncias, de las cuales habrían logrado resolver el 93% (cerca de 30 mil), según el Poder Judicial. JPP y RP también proponen estrategias para acelerar los procesos de sentencia de manera articulada. En particular, JPP plantea crear equipos especiales contra la extorsión y el sicariato, y juzgados especializados en flagrancia. Por su parte, RP propone crear unidades itinerantes de pacificación ciudadana compuestas por la policía, el serenazgo y entidades de justicia.
Los problemas de coordinación se agravan ante la ausencia de una red de información articulada. Según la Defensoría del Pueblo, solo el 22% de las comisarías cuenta con acceso a los antecedentes penales y el 15% puede visualizar el registro de detenidos y sentenciados. Asimismo, un quinto de los establecimientos policiales no tiene conexión con datos del Reniec. Además, únicamente una de cada cuatro comisarías gestiona sus registros de detenidos de manera digital; el resto aún lo hace manualmente. Al respecto, FP y JPP plantean crear sistemas de información compartida entre instituciones del sistema de seguridad y justicia, aprovechando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. RP no incluye ninguna medida sobre el tema en su plan de gobierno.
Hacinamiento en cárceles
Según el INPE, a febrero del 2026, la población penitenciaria en el ámbito nacional supera las 100 mil personas. No obstante, las cárceles en el Perú solo tienen una capacidad de albergue de cerca de 40 mil. Así, hay una tasa de sobrepoblación de 150%. Este desbalance se ha profundizado en el tiempo: hace dos décadas era de 47%. Frente a ello, FP propone la construcción de cuatro grandes penales, cada uno con una capacidad para mil internos, y fortalecer las medidas de seguridad (como bloqueos de señales). Aunque positiva, dado el nivel de hacinamiento actual, esta medida será insuficiente frente a los más de 60 mil reos en exceso. Por su parte, JPP y RP no proponen ninguna medida sobre el hacinamiento, aunque ambos sí están a favor de endurecer algunas penas.
Enfrentar la inseguridad ciudadana es el desafío más crítico para el próximo gobierno. Diversas estimaciones arrojan costos importantes para la economía y el bienestar de las personas. Por ejemplo, según el BCRP, la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú 2,2% del PBI, aunque aclaró que esa cifra probablemente subestima el impacto total, porque no incluye los costos indirectos, como los efectos sobre la productividad.
Se requiere lograr una gestión ordenada y articulada entre todas las entidades responsables de la lucha contra la criminalidad. Fortalecer la debilitada institucionalidad del sector es clave para evitar que este problema continúe erosionando el bienestar de la población y el potencial de crecimiento del país.
Finalmente, cualquier propuesta en seguridad será débil si no se logra resolver la alta rotación de autoridades en el sector. Por ejemplo, en el último quinquenio hubo 18 ministros del Interior, cifra que duplica el promedio de los cuatro períodos presidenciales previos. Esta alta rotación impide la continuidad de políticas para enfrentar la inseguridad, erosiona la confianza ciudadana y limita cualquier esfuerzo de coordinación interinstitucional.
