Angela Grossheim
El Comercio, 27 de marzo del 2026
El Perú enfrenta el riesgo real de dejar de ser un destino atractivo para la inversión minera formal. Con la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que modifica el régimen de concesiones mineras aplicable a la minería formal —que se somete a las obligaciones legales, solicita permisos y es una de las actividades más fiscalizadas—, se hace inviable el desarrollo de la cartera de proyectos. Así, se deja el camino libre a la minería ilegal, la principal economía criminal en el país, que mira con expectativa la oportunidad que la propia ley le dará para seguir robándole al país.
Sin ningún sustento técnico y de espaldas a las opiniones del Minem e Ingemmet, la comisión sostiene que “todo el Perú está concesionado” y que hay “concesiones ociosas”, narrativa que se cae al revisar datos oficiales. Según Ingemmet, solo el 17 % del territorio nacional está concesionado a la minería formal, existiendo un amplio espectro que puede ser solicitado en concesión. Y la llamada ociosidad solo refleja el desconocimiento de los legisladores sobre la debilidad institucional en el sector, del enmarañado regulatorio y de la complejidad técnica y operativa para desarrollar un proyecto minero formal y sostenible.
Obtener una concesión no significa que una mina opere al día siguiente si se trata de un minero formal. Es el inicio de un ciclo largo y riesgoso que exige capital y años de trabajo, desde la exploración hasta la operación. Solo la prospección y exploración toman, como mínimo, 15 años. A ello se suma que el titular debe negociar con propietarios para adquirir el terreno superficial y que, de existir pueblos indígenas, se requiere consulta previa. Solo superadas estas etapas, y con los permisos ambientales y sectoriales en regla, un proyecto puede avanzar hacia la producción. Esa inversión de riesgo es la que convierte nuestra riqueza geológica en desarrollo. Por eso, pretender la caducidad a los 15 años —cuando un proyecto puede tomar más de 40 años— solo revela desconocimiento del quehacer minero por parte de los autores de un dictamen que vulnera la seguridad jurídica.
En jurisdicciones mineras competitivas, como Australia, Chile y Argentina, la señal al inversionista es distinta. En Chile y Colombia pueden desarrollarse exploraciones sin certificación ambiental, que es requerida en etapas posteriores. Si queremos más exploración para asegurar reservas mineras, debemos modernizar la gestión pública con plazos razonables, respuestas oportunas y tecnología.
