María Isabel León
El Comercio, 14 de marzo del 2026
«El problema, por tanto, no es solo salarial. También es de resultados y de eficiencia».
Las frases moralmente impecables suelen ser las más peligrosas en política. “Ningún maestro debería jubilarse en la pobreza”. Con esta consigna, se defiende el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso y que propone otorgar a los docentes cesantes una pensión “viva”, equivalente al salario de la primera escala magisterial: alrededor de S/3.500 mensuales (por una jornada de 30 horas semanales). La iniciativa, impulsada por la congresista Flor Pablo, apela a un sentimiento comprensible: el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a educar.
Pero la política pública no puede construirse únicamente sobre consignas que suenan bien. Las buenas intenciones no sustituyen la responsabilidad fiscal. Porque detrás de toda promesa pública existe una pregunta inevitable: ¿cómo se pagará? Las estimaciones disponibles advierten que la medida implicaría un gasto adicional superior a S/5.000 millones anuales para el Estado Peruano. En un contexto de presiones crecientes sobre el déficit fiscal, aprobar una obligación permanente de esa magnitud –sin una fuente clara y real de financiamiento– no es un acto de justicia social. ¡Es una temeridad!
La experiencia peruana ya ha demostrado lo que ocurre cuando el Congreso aprueba leyes sin respaldo presupuestal: el problema no desaparece, solo se traslada. Se traslada a los contribuyentes, a las futuras generaciones o a la propia estabilidad económica del país. Prometer beneficios sin explicar cómo se financiarán puede ser políticamente rentable en el corto plazo. Pero institucionalmente es irresponsable.
Sin embargo, el debate no puede limitarse únicamente al costo fiscal. También exige mirar con honestidad los resultados del sistema educativo. En los últimos años, las remuneraciones del magisterio público han experimentado incrementos importantes. Hoy, el sueldo base de un profesor en la primera escala magisterial se sitúa alrededor de S/3.500 mensuales, mientras que en escalas superiores puede superar los S/9.800. Se trata de un gran y significativo esfuerzo que responde a una política deliberada de revalorización docente. Pero la pregunta incómoda sigue allí: ¿han mejorado los aprendizajes de nuestros estudiantes?
Las evaluaciones del Ministerio de Educación del Perú muestran una realidad preocupante: cerca de siete de cada diez niños no comprenden lo que leen y ocho de cada diez presentan serias dificultades para razonar matemáticamente. Es decir, el aumento del gasto educativo no se ha traducido en mejoras proporcionales y claras en los resultados de aprendizaje. El problema, por tanto, no es solo salarial. También es de resultados y de eficiencia.
Reconocer el valor de los docentes es indispensable. Pero también lo es exigir políticas públicas sensatas. La verdadera justicia para los maestros –y, sobre todo, para nuestros estudiantes– no consiste en aprobar leyes financieramente inviables, sino en impulsar reformas sostenibles que fortalezcan la carrera docente, mejoren la calidad educativa y preserven la estabilidad fiscal del país. Todo a la vez.
