Gianfranco Ferrari
El Comercio, 11 de enero del 2026
“En un país como el nuestro, con tantas brechas por cerrar y problemas por solucionar, el precio de mantener a flote a Petro-Perú y protegerlo de las dinámicas del mercado resulta altísimo”.
En el sector privado, el precio de una mala gestión empresarial lo pueden pagar miles de personas. Cuando una empresa quiebra, sus colaboradores terminan sin empleo, sus proveedores se quedan en el aire, sus inversionistas pierden dinero y los clientes se ven obligados a buscar alternativas a los productos o servicios que esta les ofrecía.
Las consecuencias son graves y sirven como incentivo para que sigamos haciendo las cosas bien: darle lo mejor a nuestros clientes, operar con eficiencia, asignar capital responsablemente, cumplir escrupulosamente con nuestras obligaciones tributarias y regulatorias e innovar constantemente para mantenernos vigentes y competitivos.
El panorama es muy distinto para las empresas públicas. Aunque el costo del mal manejo de una estatal no se limita a los cientos o miles que trabajan en ella, sino que se extiende literalmente a todo el país, los incentivos para hacer las cosas bien son difusos, toda vez que con todos los rescates que se hacen con el dinero de los contribuyentes, el ‘castigo’ natural de la quiebra nunca termina de llegar.
Petro-Perú es el caso paradigmático. Al cierre del tercer trimestre del 2025, la petrolera registró pérdidas por US$355 millones, manteniendo la seguidilla de resultados en rojo de los últimos años: por ejemplo, en el 2023 cerró con una pérdida neta de US$1.064 millones y en el 2024 con US$773,9 millones (según los estados financieros auditados por PwC). Circunstancias que han valido que el gobierno desembolse, entre el 2022 y 2024, S/17.888 millones en sucesivos salvavidas para que siga operando.
Pero las verdaderas pérdidas de Petro-Perú dicen poco cuando se miran solo en números. Más bien, conviene pensar en todo lo que se pudo haber hecho únicamente con los recursos que el gobierno destinó a mantenerla a flote. Hablamos, por ejemplo, de 239 colegios (si consideramos que hace algunos meses el Gobierno anunció que invirtió S/11.400 millones en construir 153 escuelas). De más de 17 hospitales nacionales Sergio E. Bernales de Collique, descrito por el ministro de Salud como “un modelo para el país y Sudamérica”. También, de más de cinco hospitales de alta complejidad de Piura. Asimismo, estamos frente a un monto que supera el presupuesto dirigido individualmente en el 2026 a sectores claves como Salud, Educación, Defensa e Interior.
En un país como el nuestro, con tantas brechas por cerrar y problemas por solucionar, el precio de mantener a flote a Petro-Perú y protegerlo de las dinámicas del mercado resulta altísimo. Sobre todo cuando los beneficiarios son una minoría si se les compara con los perjudicados: todos y cada uno de los peruanos.
La reorganización de los activos de la empresa es un paso importante. Pero será clave, camino a los comicios de abril, estar atentos a las propuestas que contribuyan a solucionar de manera definitiva el problema de fondo.
