Uri Landman
Para Lampadia
Tradicionalmente se conoce en nuestro país a octubre como el mes de los milagros. Ello se debe a los hechos sobrenaturales que, según los creyentes católicos, realizó el Señor de los Milagros. Sin embargo, este año el mes de mayo, nos ha traído una serie de acontecimientos a nuestro país, que sin ser yo católico, puedo calificar de milagrosos por decir lo menos.
La semana pasada la Iglesia Católica nombró como su nuevo líder, al cardenal norteamericano nacionalizado peruano Robert Prevost. El cardenal Prevost, que tomó el nombre de Papa León XIV para su papado, fue misionero católico en Chulucanas, Piura, luego pasó a Trujillo.
En el año 2014 fue nombrado obispo de Chiclayo, cargo que tuvo hasta el 2023 cuando fue trasladado al Vaticano. Integró la Conferencia Episcopal Peruana entre el 2018 y 2023, de la que fue vicepresidente segundo y fue administrador apostólico del Callao entre el año 2020 y el 2021.
La conexión del nuevo Papa con el Perú se hizo evidente durante su primer discurso, cuando en sus primeras palabras saludó en castellano a su “querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú”.
Otros dos milagros que hemos presenciado en el mes de mayo, han sido las promulgaciones de dos leyes dadas por los dos poderes más desprestigiados de nuestro país, nos referimos por supuesto al Congreso y al Poder Ejecutivo. Me refiero a la ley que modifica la extinción de dominio y la ley que reduce la edad de imputabilidad a los menores de edad.
De la misma manera como han salido a criticar al nuevo Papa, los zurdos se han esforzado en criticar y rechazar las dos nuevas leyes. En el caso del Cardenal Prevost, lo han acusado de ignorar e inclusive encubrir los casos de abusos contra niños y mujeres por parte de miembros del clero cuando él fue Obispo de Chiclayo, ambos cargos desmentidos de manera inmediata por la Iglesia.
En el caso de la modificación de le ley de extinción de dominio, los caviares argumentan que la nueva ley representa “un quiebre en la lucha contra la criminalidad” y pone en peligro 5,000 casos vinculados a corrupción de funcionarios.
Desde esta columna hemos criticado en varias ocasiones la ley de extinción de dominio al considerarla abusiva e inconstitucional. Esta ley permitía al estado confiscar y despojar de su propiedad a investigados por diversos delitos sin una sentencia en su contra, violando de manera flagrante el principio de inocencia ante la ley.
No estoy defendiendo a los criminales, estoy totalmente de acuerdo que en caso sean hallados culpables, pierdan todos sus bienes y propiedades y estas pasen a favor del Estado, pero lo que no podemos aceptar es que ante la ineptitud e ineficiencia del Ministerio Público y del Poder Judicial que tardan años en investigan y sancionar, se saque la vuelta al estado de derecho y se inventen leyes que premian el facilismo en lugar de un trabajo eficiente por parte de los operadores de justicia. ¿Por qué los juicios demoran 10 o 15 años en el Perú?
Esta ley ha permitido muchos abusos. Por ejemplo, una empresa que da servicio de transporte interprovincial puede perder la propiedad de una de sus unidades si el chofer (sin conocimiento de la empresa) transporta drogas o contrabando en la unidad. Bajo esa misma premisa, el estado se puede quedar con un avión de American Airlines, Latam o KLM si un mal tripulante decide meter una maleta de cocaína y es atrapado en el proceso.
La segunda ley promulgada la semana pasada, Ley 32330, modifica el Código Penal para incorporar a menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario. Dicho de otra manera, la nueva ley permite que criminales de 16 y 17 años que estén involucrados en delitos graves como homicidio calificado, extorsión, sicariato, terrorismo etc. reciban penas acorde a la gravedad de los delitos cometidos.
Por supuesto los pseudo defensores de los derechos humanos, esos que defienden a terroristas en lugar de las víctimas, han elevado su voz de protesta con el ridículo argumento que se está violando la Constitución y los tratados internacionales. Para ellos se desconoce la condición especial de los sicarios, asesinos y terroristas adolescentes al darle un enfoque punitivo a la ley. Imagino que pretenden seguir cobrando por consultorías donde se analizan las causas de la violencia juvenil y se recomienda su resocialización en centros como “Maranguita” donde en lugar de convertirse en personas de bien, salen preparados para delinquir en las ligas mayores.
Soy de la opinión que una persona que se cree lo suficientemente adulta como para tomar un arma y cometer un delito, debe ser juzgada como tal y con todo el peso de la ley sin importar la edad.
Espero que el mes de mayo nos siga trayendo milagros a los peruanos y que Dina Boluarte se ponga a trabajar por el bien del país de una vez por todas.
Habemus Perú. Lampadia
