Falta instaurar la meritocracia
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El ministro de Economía José Salardi ha cambiado el ánimo empresarial en el Perú. Lo hizo primero anunciando que iba a reformar y potenciar las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OXI) no solo para expandir la infraestructura y mejorar servicios con el sector privado, sino incluso para disminuir el déficit fiscal, porque se ejecuta obra a cuenta de ingresos futuros. Y luego anunciando este shock desregulatorio ambicioso que era algo que se reclamaba hace años y nadie atinaba a ejecutar.
Esta reforma es fundamental porque sabemos cómo la libertad económica que nos permitió crecer a tasas elevadas fue ahogada por una maraña de regulaciones, obligaciones y sobrecostos sobre todo a partir del gobierno de Ollanta Humala.
El resultado ha sido un debilitamiento extremo del crecimiento que no alcanza ni siquiera para reducir la pobreza, lo que nos lleva a la inviabilidad nacional.
Pero el abultado peso regulatorio no solo frena la inversión, sino que constituye una barrera imposible de superar para cualquier emprendimiento que quisiera formalizarse.
Por eso, la desregulación es la gran reforma formalizadora, integradora, del Perú.
El ministro ha anunciado 402 medidas en diverso grado de ejecución de aquí al 28 de julio.
Hay algunas ya trabajadas como la eliminación de 186 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales por Indecopi pero que se mantienen vigentes: serán eliminadas definitivamente mediante un decreto supremo.
También el fortalecimiento y relanzamiento de las Mesas Ejecutivas precisamente para identificar y eliminar trabas y permisos innecesarios.
En la minería, por ejemplo, se habla de la Ventanilla Única Digital (VUD) que estaría lista recién a mediados del próximo año, pero esa ventanilla no elimina trámites y permisos. Primero hay que eliminarlos. Y aplicarles a los que se mantengan el Silencio Administrativo Positivo (SAP). Y hacerlo en todos los sectores. Esto también se impulsará.
Se supone que desde hace casi dos años la Secretaría de Gestión Pública tiene la obligación de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a todo el stock de normas existente, justamente para eliminar o modificar las normas que no ayudan a resolver problemas, sino que los crean. Pero no ha avanzado nada en ese terreno.
Por eso, el shock desregulatorio no se limitará a estas 402 medidas.
En el mensaje de 28 de julio se anunciaría un “apagón normativo” al estilo del que se decretó en Argentina hace un par de meses, en el sentido de que en 60 días las entidades del sector público deberán identificar todas las normas que deberán ser derogadas por ser obsoletas o porque establecen tramites o registros innecesarios. Un verdadero desafío a los burócratas, especialistas en generar normas en lugar de eliminarlas.
Por supuesto, uno de los sectores más sobre regulados y excluyentes es el laboral. Al respecto, se plantea un nuevo régimen tributario, el “Régimen tributario emprendedor”, algo inspirado en la propuesta del “combo formalizador” de Elmer Cuba y la Cámara de Comercio de Lima.
Esto facilitaría el crecimiento y formalización de los emprendimientos, pero aun haría falta una serie de otros cambios comenzando por una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que revise la del 2002 que en buena cuenta consagró la estabilidad laboral absoluta. Son reformas mayores que enfrentan la resistencia de las oligarquías laborales.
Este gran programa desregulatorio, que tiene varias líneas de acción y es complejo de ejecutar, requiere de un centro de comando, una cabeza que lo organice y monitoree su ejecución. La entidad que se encargará de eso es el Consejo Nacional de Competitividad, que ha sido resucitado, en coordinación con las mesas ejecutivas.
El gobierno debería convertir este proceso en una cruzada nacional, y para eso debería informar regularmente, digamos una vez por semana, acerca de los avances, dificultades y resistencias, para sumar opinión pública a favor.
Pero esta reforma debería ir de la mano con otra para redondear la reforma del Estado: la meritocracia. Tenemos un Estado que genera patológicamente normas porque no hay meritocracia sino patrimonialismo. Los burócratas ven el puesto como un medio para agenciarse peajes que los privados deban pagarles. Y allí el MEF está en falta, pues muchas entidades han planificado ya el tránsito al régimen del servicio civil, aprobando su mapa de puestos y perfiles, pero el MEF no provee recursos para los concursos y para financiar la estructura resultante. Es hora de hacerlo. Lampadia
